Actualmente, el término corrupción se reconoce como un fenómeno complejo vinculado tanto al poder público y político como a los ámbitos sociales y económicos
Lamentablemente, la corrupción, arraigada culturalmente, ha marcado nuestra historia hasta convertirse en una preocupante constante para el futuro. Desde la época Precolombina, la Colonia, la Independencia, la Reforma, el Porfiriato, la Revolución Mexicana, el Maximato y los años cincuenta (donde se dice que se “institucionalizó la corrupción” desde el poder público) hasta el México moderno, la corrupción ha estado presente.
El concepto de corrupción es muy amplio, sin embargo, en términos generales involucra conductas como el soborno, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito u otras formas de desviación de recursos por una persona servidora pública.
Obviamente, los procesos electorales no son ajenos a la podredumbre que encierra este flagelo. De acuerdo con el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP), “en diferentes contextos, la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales.”
Nuestra Carta Magna y leyes como la Ley General en Materia de Delitos Electorales, específicamente en el Artículo 11, fracciones II a V, definen diversas conductas delictivas vinculadas a la corrupción electoral, por ejemplo, el condicionamiento de programas sociales con fines electorales; el uso indebido de recursos públicos para apoyar proyectos políticos/electorales; coaccionar a personas subordinadas para que apoyen y presten servicios a precandidatos, partidos políticos o sean obligadas a dar aportaciones en dinero o especie con una finalidad electoral, en fin, por mencionar algunas.
Todo lo anterior se engloba en el concepto de peculado electoral, que implica el desvío de recursos públicos con fines electorales.
La corrupción electoral, frecuentemente descrita con ironía como un 'deporte nacional', varía desde tácticas evidentes hasta métodos sofisticados que demandan conocimientos especializados en derecho, contabilidad y finanzas.
En fin, la corrupción en las elecciones es uno de los temas que no solamente le corresponden a las autoridades atender y combatir, sino que también a toda la ciudadanía. A nosotros nos corresponde no involucrarnos en esta actividad, pero sí a participar activamente para prevenirla y, sobre todo, a denunciarla.
Es un tema de todos y todas, sin olvidar que la corrupción genera un detrimento de nuestro sistema democrático y por ende afecta nuestro derecho de ejercer nuestro voto de manera libre y secreta.