En fechas recientes se dio un cambio de mando en la secretaría de Seguridad Pública estatal. Mucho se ha dicho sobre la recrudescencia de delitos de alto impacto en Nuevo León, homicidios dolosos principalmente.
Parece que la tarea principal encomendada al nuevo Secretario por el Gobernador se encamina a enfrentar esta situación y controlar estos delitos.
Desde el Consejo Cívico, y de manera coordinada con otras organizaciones de la sociedad civil y la academia, llevamos varios años solicitando que las autoridades pongan más atención, presupuesto, y constancia en estrategias y acciones de prevención social de la violencia.
El país se ha enfrascado en una estrategia de confrontación de la delincuencia organizada que ha resultado en una escalada de la inseguridad, y en vez de reducir la presencia y actividades de estos delincuentes, parece haber producido el efecto contrario.
¿Qué hemos hecho, o no, para evitar que un importante sector de la población se dedique a actividades delictivas o ilícitas?
Cuando hizo campaña el actual presidente López Obrador, un eslogan y propuesta parecía anunciar un cambio de rumbo interesante con respecto a la estrategia de seguridad de reacción y confrontación que prevalecía desde dos sexenios.
El tan criticado “Abrazos, no balazos” abrió una ventana de esperanza al enfocarse en un problema raíz de nuestra sociedad: ¿por qué prevalece la violencia en la sociedad mexicana? ¿por qué solamente reaccionamos ante ella, y no buscamos reducir el problema desde sus raíces?
Seis años después, es evidente que muy poco se ha hecho a nivel federal para realmente atacar de raíz la violencia que permea cada aspecto de la vida en nuestra comunidad.
No se han destinado recursos federales a este tema, ni existe una estrategia clara al respecto. El problema no sólo es federal: estados y municipios están enfocados en estrategias de contención y reacción, es decir: atienden los delitos cuando éstos ya se cometieron y produjeron un daño social. Y esto, además, sale muy caro en muchos sentidos. La única política de proximidad claramente implementada, es el patrullaje por la policía, sin mucha efectividad.
Por ello, desde la sociedad civil organizada pedimos un cambio de estrategia hacia una orientada a la prevención social de la violencia y la delincuencia; estamos convencidos de que ésta ofrece una alternativa viable para reducir de manera más sostenible los niveles de violencia y de delitos, ya que se refiere a las políticas públicas enfocadas a detectar y reducir factores de riesgo, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.
Desde el 2016 Nuevo León cuenta con una Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. Sin embargo, nunca se ha aterrizado en una verdadera política pública, con estrategias, acciones y presupuesto.
Seguimos sin Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que oriente y homologue conceptos y acciones de las diferentes autoridades y sociedad civil, para evitar riesgos, reincidencias y favorecer la reinserción social.
La prevención social es mucho menos costosa, y produce resultados tangibles en el corto plazo, si los programas implementados son constantes, si se miden y evalúan.
A escasos meses de la toma de protesta de nuevos alcaldes y nuevos legisladores, es necesario este esfuerzo conjunto de las autoridades y de la sociedad civil para enfrentar la alta incidencia delictiva y de violencia que persisten y se fortalecen. Pero para tener éxito, no podemos seguir el único camino de la reacción y contención de delitos. Necesitamos atacar las causas.
La autora es directora del Consejo Cívico.