En fechas recientes se llevó a cabo la jornada electoral en nuestro país. En Nuevo León tuvimos la oportunidad de cruzar nuestras boletas para elegir a quienes nos representarán en cinco instituciones: la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados a nivel federal, así como el Congreso local y el Ayuntamiento donde habitamos, dentro de la elección estatal.
Una vez pasada la jornada electoral, organizada tanto por el Instituto Nacional Electoral en las elecciones federales como por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a nivel local, siguieron una serie de procesos complejos que marca la Ley para dar continuidad a la designación de quienes nos representarán.
La Ley también ofrece a los partidos políticos y a quienes participaron en las diferentes candidaturas la opción de impugnar por las vías jurídicas los resultados de la jornada, sobre todo, si consideran que no se cumplió cabalmente lo que establece nuestro complejo marco jurídico electoral.
Para ello tenemos al Tribunal Electoral de Nuevo León, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este supuesto no se da la exclusividad para atender los juicios locales al Tribunal local, o los federales al de la Federación. La ruta impugnativa está alineada por instancias, siendo la primera la local, y las subsecuentes las del orden federal.
La tercera vía que tenemos todas las personas para garantizar la legalidad del proceso electoral son las denuncias que se presentan ante las fiscalías local y federal. Cuando somos testigos o víctimas de algún delito electoral, son dichas instituciones las que actúan para investigar, perseguir y castigar a las personas que lo cometen.
La importancia de éste amplio andamiaje institucional radica en la eficacia de sus operaciones. Si las instituciones encargadas de organizar la elección no cuentan con las capacidades, los recursos o la preparación suficiente, sumado al enorme compromiso que asumen miles de personas que participan en las funciones de las casillas o en la representación de sus partidos y candidaturas, todas las personas que acudimos a votar no podríamos hacerlo de manera adecuada.
Si los tribunales electorales no tuvieran entre quienes los integran personas capacitadas para aplicar de manera correcta las normas ante los hechos que se les presentan, se pondría en duda la legitimidad de nuestras autoridades. Si ante los hechos delictivos durante el proceso electoral no se llega a consecuencias que sancionen y reparen el daño cometido, se enviaría un mensaje a la ciudadanía de que existe una ausencia de Estado de Derecho.
Sin embargo, la mayor importancia de las instituciones radica en la colaboración entre ellas, pues atienden un tema fundamental para la sociedad, como lo es la elección de nuestras autoridades. Sin ella, tendríamos un sistema desarticulado y deficiente, lo que terminaría impactando en la estabilidad política y social de nuestro país.
Decía Andrew Carnegie que el trabajo en equipo permite a la gente común lograr resultados poco comunes. Promovamos como sociedad las mejores prácticas interinstitucionales de nuestras autoridades electorales para garantizar que nuestra voluntad expresada en las urnas se traduzca en gobiernos legítimos.