En fechas recientes hemos visto con interés el debate sobre la propuesta de reforma judicial que ha hecho el Presidente de la República. Quienes integran los tres poderes de la Unión han promovido foros de diálogo que, aunque polémicos, nos han dado mucho para reflexionar sobre la histórica deuda que existe en nuestro país con la impartición de la justicia.
En México han existido avances en la materia. La reforma de diciembre de 1994 fue un parteaguas institucional en nuestro país, pues se dotó al Poder Judicial de una estructura moderna, y se le brindaron herramientas para consolidar una verdadera autonomía frente a los otros dos poderes. Si bien es cierto ese camino recorrido ha sido de progreso, también existen áreas de oportunidad que han reconocido las y los integrantes de la judicatura.
Ahora bien, si hablamos de justicia desde el punto de vista estructural, no podemos dejar de lado la procuración de justicia. En nuestro país, cuando el Estado Mexicano busca hacer valer la ley ante la comisión de un delito, las instituciones encargadas de esa procuración (por lo general fiscalías autónomas), son las que integran las carpetas de investigación y llevan ante el Poder Judicial la acusación contra las y los presuntos responsables.
En ese proceso se busca garantizar los derechos de las víctimas y salvaguardar los intereses del Estado al llevar a las personas responsables ante las autoridades para que respondan por sus actos. Sin embargo, en el intenso debate sobre la reforma al Poder Judicial han sido pocas las voces que han expresado la necesidad de atender las dos vertientes de la justicia; procuración e impartición.
Por ello, es fundamental invitar a todas las partes involucradas a debatir ideas con altura de miras y buscando subsanar las deficiencias del sistema de justicia. Si de este ejercicio político que se desarrolla en el Congreso resulta una reforma constitucional que modifique al Poder Judicial, no debemos olvidar que será solamente parte de un proceso de constante mejora de nuestras instituciones, y también hay que tener presente que hay otros órganos públicos involucrados que también deben ser revisados.
Ulpiano, jurista del siglo III, definió la justicia como “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho”. El camino para alcanzarla es eso, un camino, y no un destino, y la sociedad no debe dejar de luchar por transitar de la mejor manera por ese sendero.
Gilberto de Hoyos
Ex Fiscal Especializado en Delitos Electorales