En Nuevo León, nuestros representantes electos nos han demostrado una vez tras otra que pueden armar un espectáculo circense digno de los mejores escenarios del mundo. La pieza clave del show: el contorsionismo de la Ley, y las autoridades y líderes de gobierno caminando a 25 metros de altura sin protección por posibles caídas.
Estamos a casi dos años de la renuncia del exfiscal general de justicia, el Lic. Gustavo Guerrero, y a lo largo de estos dos años hemos asistido a este triste espectáculo que al principio nos tuvo a todos al borde de nuestros asientos, pero hoy ya genera hartazgo y rechazo de la ciudadanía.
Preocupa sobremanera que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo parecen estar dispuestos a torcer la Constitución y la Ley a tal grado para obtener el control de la Fiscalía de Justicia, operando completamente fuera de la legalidad y afectando principalmente a la ciudadanía.
A lo largo de dos años hemos sido testigos de un sinfín de estrategias legaloides, interpretaciones de las normas llevadas al límite de lo ridículo, y una evidente falta de respeto por el Estado de Derecho.
Lo más triste de este espectáculo, son las negociaciones y acuerdos de reparto de poder (o del botín dirán algunas malas lenguas) que usual y cotidianamente ocurrían sólo en los pasillos y espacios oscuros, y ahora salieron a la luz pública. Se evidenció que las aspiraciones ciudadanas de legalidad, transparencia y gobierno abierto son meros conceptos no puestos en práctica por nuestras autoridades.
Con todo esto, la Fiscalía de Justicia parece ser el “Santo Grial" de la administración pública. Si la Constitución y las leyes nos hablan de un órgano autónomo, capaz de investigar delitos en forma totalmente objetiva e independiente de presiones de orden político, y presentar denuncias “caiga quien caiga”; suponemos que la realidad es muy diferente, si somos testigos de cómo el Poder Ejecutivo y el Legislativo buscan evitar a toda costa perder el control de este órgano, y garantizar que el siguiente titular sea una persona que responda a sus intereses particulares, en vez de representar al interés superior de la ciudadanía.
Sabemos que lo que está en juego es negociar la impunidad por delitos cometidos al amparo del poder, una triste negociación para favorecer la corrupción y delitos peores.
En el año 2017, cuando la ciudadanía organizada de Nuevo León promovió la reforma constitucional que permitió el nacimiento de una fiscalía autónoma, la primera del país, fuimos vanguardia nacional. Coincidieron los intereses de los ciudadanos y del Poder Legislativo, y se logró un avance inédito para la Justicia en Nuevo León.
Bastaron siete años para acabar con la intención plasmada en la Constitución y en la Ley, y reducir el rol de la ciudadanía en los procesos de selección a una mera simulación.
¿Qué nos falta en Nuevo León para tener una Fiscalía independiente, autónoma, y enfocada a reducir la impunidad? Decencia política es la única respuesta que viene a la mente en el contexto actual. ¿Existe una posibilidad que esto suceda a la brevedad? Cuando todo se resume a una lucha de poder entre el gobierno estatal y el Congreso, hay poca esperanza de una pronta y satisfactoria resolución a este problema.
Tal vez Nuevo León haga historia como el primer Estado con un encargado de despacho de la Fiscalía por cinco años o más. Y como dicen popularmente: “el circo sigue abierto mientras haya quien aplaude el espectáculo”.