En 2021 -aprovechando el periodo entre la elección y la toma de protesta- la alcaldesa y los alcaldes electos de municipios metropolitanos y periféricos realizaban un viaje a Jalisco, encabezado por el gobernador. Uno de los propósitos centrales era conocer cómo, municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, han logrado coordinarse. Con nueve ciudades, es una región compleja que cuenta con un instrumento formal de coordinación, el IMEPLAN (Instituto de Gestión y Planeación del Desarrollo). El director fundador de ese Instituto, reconocido en México como un mecanismo exitoso, Mario Silva, fue oficializado después de ese viaje como parte del gabinete de Samuel García. Tres años después, esa época parece remota: están por cumplirse dos años desde el último encuentro público entre el gobernador y todos los alcaldes metropolitanos, la confrontación gobierno estatal - alcaldías parece profundizarse después del proceso electoral e incluso, Mario Silva dejó su cargo como secretario técnico del gabinete y regresó a Guadalajara el mes pasado.
Frente al escenario político, parece que la coordinación pasará de nueva cuenta a un segundo plano. Sin embargo, los retos que enfrenta el Área Metropolitana no podrán avanzar de manera integral y satisfactoria si no existe una visión común, un trabajo compartido y una estrecha colaboración entre órdenes de gobierno. Los retos son metropolitanos. En los hechos, tres de los principales problemas que enfrenta Nuevo León solo se resolverán si existe coordinación entre autoridades. En primer lugar, la seguridad. Las tasas de homicidio, que no se han logrado revertir desde hace más de cinco años (en NL) y el incremento en la violencia, exigen que el gobierno central y las policías municipales hagan una tarea conjunta, junto con la Fiscalía del Estado (otro ente en abierto conflicto con el estado). En ese tema en particular, las autoridades han mostrado públicamente que el trabajo permanece, pero los resultados reflejan que lo realizado hasta ahora ha sido insuficiente. La situación continúa siendo crítica.
En la mejoría de la calidad del aire, tampoco es suficiente el esfuerzo aislado del Estado o de algún municipio en particular. Muchas de las acciones requieren la rectoría estatal pero la implementación municipal. El último esfuerzo público al respecto fue una mesa entre el Estado y solo algunos municipios. Organizaciones sociales han reclamado las acciones comunes y el seguimiento puntual a compromisos que autoridades hicieron hace más de un año. Como en seguridad, la falta de resultados está a la vista de todos: en el primer semestre de 2024, fueron más los días que respiramos aire de mala calidad (por encima de las normas oficiales) que aire limpio.
Finalmente, otro de los grandes temas es la movilidad. Si bien la facultad de proveer transporte público masivo está centralizada en el Estado, el diseño de la política de movilidad y de desarrollo urbano debe hacerse en sintonía con las necesidades de la población que habita el Área Metropolitana. De lo contrario, no solo no habrá avances sustantivos sino estará condicionada por criterios políticos: no donde se necesite más sino donde favorezca (o afecte) a quienes no son parte de un mismo proyecto político. La verdadera víctima de esta falta de acuerdos es la ciudadanía, en especial quienes se beneficiarán más de cambios de fondo en el sistema de movilidad del AMM.
Mal harían los futuros alcaldes y el gobernador en dar por sentado que no habrá coordinación en el Área Metropolitana pues su legado más probable serán otros tres años de soluciones parciales, disputas prolongadas y agudización de los retos de fondo.
El autor es director de Cómo Vamos Nuevo León
direccioncvnl@comovamosnl.org