El pasado 19 de abril, Nuevo León fue escenario de un preocupante ataque contra la libertad de expresión, el derecho a la protesta y a la libre manifestación de ideas. Activistas sociales que alzaron la voz contra el incremento desmedido de las tarifas del transporte público no solo fueron reprimidos violentamente, como en el caso de Luis “N”, quien fue brutalmente golpeado, sino que ahora enfrenta cargos penales por encabezar esa protesta. Este hecho no es solo una agresión contra individuos, sino un atentado contra la democracia y los derechos humanos.
El activismo social es un pilar fundamental en cualquier sociedad que aspire a ser justa e igualitaria. A lo largo de la historia, las luchas por derechos laborales, civiles, políticos, ambientales, etc., han sido impulsadas por personas que, desde la disidencia, han expuesto las injusticias y han exigido cambios. Sin la voz crítica de los movimientos sociales, muchas conquistas que actualmente tenemos, como la jornada laboral de 8 horas, el voto de las mujeres, la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, o la protección ambiental, por mencionar algunos, no existirían. Criminalizar la protesta es un intento por silenciar a quienes defienden los intereses de la mayoría frente a los abusos del poder.
Lo ocurrido en Nuevo León es especialmente grave porque, la protesta es un derecho, no un delito. La Constitución Política de México, en sus artículo 6 y 9, así como la Constitución local en sus artículos 12 y 16, además de los tratados internacionales que ha firmado nuestro país, garantizan el derecho a la y libre expresión y manifestación de las ideas. El usar el sistema penal para perseguir a activistas, podría convertir al Gobierno del Estado en un instrumento de represión social.
La golpiza contra el activista Luis “N” ya era inadmisible, pero ahora se suma el uso de cargos legales por presuntos delitos para intimidar y castigar a quienes pretendan llevar a cabo alguna protesta. El mensaje que envía el Estado a la sociedad es muy peligroso; quien proteste por cualquier causa, podrá ser tratado como criminal.
El reclamo por el incremento desmedido a las tarifas del transporte público es justo, porque afecta a los sectores más vulnerables de Nuevo León. En lugar de diálogo, el gobierno optó por la represión, evidenciando su desconexión con las demandas reales de la ciudadanía.
Es urgente que organizaciones civiles, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto exijamos la liberación inmediata de Luis “N”. quien enfrentará su proceso en arraigo domiciliario.
Exigimos también una investigación imparcial sobre los abusos policiales y el establecimiento de canales institucionales para atender las demandas sociales, sin estigmatizar a ningún ciudadano
Como diputada y Presidenta el Congreso del Estado, me sumo a la preocupación ciudadana por la situación que enfrenta Luis “N”, quien ha sido señalado judicialmente tras manifestarse en contra del tarifazo al transporte público.
El activismo no es un enemigo, sino un termómetro de lo que duele a la sociedad. Cuando los gobiernos lo criminalizan, no solo violan derechos humanos, sino que entierran cualquier posibilidad de construir soluciones colectivas. Defender a quienes alzan la voz es defender la democracia misma.
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Diputada Lorena de la Garza Venecia
Presienta del Congreso del Estado