La materialidad de las operaciones fiscales es un tema de gran relevancia por la confrontación que existe entre las expectativas de recaudación del Estado, y la necesidad de certeza y equidad de los contribuyentes.
La materialidad, es un concepto que tiene su origen en la auditoría y la contabilidad, y que en el ámbito del Derecho fiscal adquiere relevancia.
Es importante para determinar el reconocimiento de deducciones y acreditamientos, pero su aplicación ha generado controversia debido a que la legislación fiscal no lo define de forma clara.
Algunas disposiciones se interpretan en la práctica, pero la falta de una definición clara repercute en el derecho fundamental de la seguridad jurídica.
Tenemos, por una parte, a la autoridad con su imperante necesidad recaudatoria para hacer frente a sus obligaciones y al clamor social y, por otra, a los contribuyentes que por naturaleza buscarán el mayor ahorro o beneficio fiscal de manera lícita, aunque en muchos otros casos de manera ilícita.
El contribuyente puede elegir entre distintos modelos, lo que da origen al concepto de la Economía de Opción.
Si para un negocio real, la norma señala dos o más tratamientos fiscales y dentro de esas opciones el contribuyente elige aquella donde pague menos impuestos, ello no quiere decir que su principal objetivo sea eludir sus obligaciones fiscales.
Debido a la falta de claridad en el concepto de la materialidad, hay una aplicación imprecisa del tópico que genera incertidumbre y desalienta la economía formal, lo que puede derivar en la inhabilitación de operaciones legítimas, afectando las inversiones y el desarrollo empresarial.
Hablar de la materialidad de las operaciones, es resaltar esa tensión que existe entre la necesidad de prevenir el fraude fiscal y la de garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes. La falta de homogeneidad de criterios da lugar a interpretaciones que podrían minar la credibilidad del sistema tributario.
Para hacer frente a esto, proponemos una definición que abarque la forma y sustancia económica de las operaciones, para disminuir la facultad discrecional de las autoridades fiscales. Después, emitir lineamientos específicos para la documentación y valoración de operaciones.
Asímismo, analizar y reformular el traslado de la carga de la prueba para que, en casos de presunción de simulación, se establezcan garantías que permitan al contribuyente demostrar la materialidad de sus operaciones.
Por último, proponemos el uso de sistemas tecnológicos que faciliten esa verificación y almacenamiento de información y que además garanticen la transparencia en la comprobación de la realidad económica del contribuyente.