Monterrey. - Con el inminente regreso a clases y durante los próximos seis meses, es previsible que el tránsito vehicular se complique aún más. La presión por concluir las obras de cara a los 4 partidos del Mundial que albergará nuestra ciudad, marca la agenda de los gobiernos federal, estatal y municipales. Algunas medidas —como los contraflujos o las rutas municipales— podrían aliviar parcialmente la carga vial, pero su impacto es limitado -y aún está por demostrarse su efectividad.
La crisis de movilidad en el Área Metropolitana, que se ha intensificado en los últimos cinco años, debería ser suficiente para que los gobiernos reconozcan que el modelo basado en megaobras y pasos a desnivel está agotado. La verdadera solución, de fondo y estructural, es compleja: implica un cambio en el modelo de desarrollo urbano que detenga la expansión descontrolada, revitalice los centros urbanos y garantice vivienda accesible en zonas bien conectadas. Lograr este cambio no solo requiere tiempo, sino también voluntad política y una profunda conciencia, por parte de quienes toman decisiones, sobre la magnitud de la transformación necesaria. Hasta ahora, todo indica que esa visión compartida aún no existe.
Si la solución de fondo está lejos, las megaobras son políticamente rentables y la población exige soluciones inmediatas ¿qué se puede hacer? Hay 3 rutas que las autoridades deberían trabajar en paralelo de los grandes cambios.
1) Una política de seguridad vial en serio. Cada vez es más común que el tráfico se complique con algún choque. NL lleva casi 30 años siendo el primer lugar en hechos de tránsito en México. En la última medición (2023) NL tiene cerca de 15% más hechos de tránsito que los 4 siguientes lugares (Chihuahua, CDMX, Jalisco, Estado de México) ¡juntos! La seguridad vial tiene como propósito central salvaguardar la integridad de las personas pero también puede ser una estrategia para lograr avenidas más transitables.
2) Sinergia sin evadir la responsabilidad. El gobierno estatal ha hecho reiterados llamados a que empresas y escuelas organicen mejor sus horarios y, en el caso de estas últimas, faciliten el uso de transporte colectivo. Este tipo de transporte ha tenido un crecimiento notable en los últimos años: la proporción de personas que lo utilizan para ir al trabajo se duplicó entre 2019 y 2023, al pasar de 3.4% a 7%. Aunque el cambio es significativo, no obedece a una sinergia entre el sector privado y el gobierno, sino más bien a una privatización parcial de lo que debería ser un servicio público. Un modelo funcional debe construirse bajo la rectoría del gobierno, que no puede eludir la responsabilidad que le corresponde en la planificación y provisión del transporte colectivo.
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3) Los gobiernos locales siguen rezagados en la creación de infraestructura adecuada para peatones y ciclistas, a pesar de que estas representan alternativas viables, especialmente para trayectos cortos. Este tipo de movilidad — accesible y sustentable— es la que están adoptando las grandes ciudades del mundo, no solo por su bajo costo y rapidez de implementación en comparación con las grandes obras viales, sino porque responde a los desafíos ambientales y urbanos. No se puede ignorar que el alto tránsito vehicular es una de las principales causas de otra crisis que enfrentamos: la contaminación del aire. Habilitar opciones de movilidad distintas al automóvil no debería ser una opción sino una responsabilidad impostergable para los alcaldes metropolitanos.
Las tres rutas son necesarias y están al alcance de las autoridades estatal y municipales. Se requiere voluntad, coordinación y anteponer el interés colectivo al beneficio temporal de la inauguración de obras de relumbrón.
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