Monterrey. - Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se habló de Nuevo León al exhibir la obstaculización en la impartición de justicia en temas relacionados con casos de defraudación fiscal por más de 3 mil 200 millones de pesos.
El subsecretario de Seguridad General, Luis Rodríguez Bucio, acusó que existen estas trabas evidenciadas en el Centro de Justicia Penal Federal de Nuevo León, al retrasar casos penales para evitar cobros por ese delito.
“Este centro incumple su obligación de impartir justicia en cientos por miles de millones de pesos en temas fiscales, situación que ha generado obstáculos significativos en el proceso judicial afectando la pronta resolución de los casos”, sostuvo el funcionario federal.
Mientras daba el informe “Cero Impunidad”, Rodríguez Bucio detalló que el modus operandi se efectúa al demorar las audiencias iniciales bajo el argumento de exceso en las cargas de trabajo, en las licencias de los jueces, así como ajustes repentinos de las agendas judiciales.
Como ejemplo dijo que en algunos casos se registró que las audiencias iniciales se han reprogramado hasta 10 meses después de la solicitud, cuando en otros centros de justicia con mayores cargas de trabajo no presentan desfases de esa magnitud.
Dentro de la explicación, el subsecretario de Seguridad dijo que el gobierno federal contabilizó al menos siete causas por más de 3 mil 228 millones de pesos, donde las audiencias ínfimas se han retrasado hasta 10 meses o registrado reprogramaciones de hasta cuatro ocasiones.
El funcionario federal hizo énfasis en que otros Centros de Justicia Penal Federal cuentan con las mismas cargas de trabajo o incluso mayores, sin retrasar de esta manera las audiencias.
“No presentan estas dilaciones, lo que indica posibles fallas específicas en la gestión del Centro de Nuevo León”, agregó.