Tamaulipas.- El Congreso del Estado de Tamaulipas se prepara para emitir la próxima semana una convocatoria pública destinada a la elección de un nuevo Fiscal Anticorrupción, así lo dio a conocer Isidro Vargas Fernández, diputado local de la coalición Morena-PT, quien destacó la urgencia y relevancia de este nombramiento.
Vargas Fernández explicó que la emisión de la convocatoria se llevará a cabo una vez que se hayan establecido las comisiones legislativas correspondientes, este proceso se produce tras la reciente renuncia de Raúl Ramírez Castañeda, quien dejó su puesto al frente de la Fiscalía Anticorrupción.
"El puesto será sustituido a través de un proceso de convocatoria, y a partir de entonces se recibirán las propuestas de candidaturas", detalló el legislador, subrayando que es fundamental contar con un Fiscal que pueda dar seguimiento a los asuntos pendientes relacionados con denuncias por corrupción.
Esta situación es aún más urgente considerando la carga de trabajo que ha enfrentado la Fiscalía en los últimos meses, donde, según Vargas Fernández, "no hubo despacho de asuntos que no se judicializaron".
El diputado enfatizó que la falta de atención a las denuncias de corrupción ha sido un problema persistente.
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"Ya había antecedentes de solicitudes tanto por parte del gobierno del Estado como de este Congreso en la legislatura pasada, donde se exhortó a que presentara informes sobre el estado que guardaban los expedientes, pero nunca se presentaron", lamentó Vargas Fernández.
El proceso de selección también busca garantizar que la persona elegida tenga la capacidad y experiencia necesarias para enfrentar los retos que implica el cargo.
Los legisladores han manifestado su intención de que la convocatoria sea transparente y abierta, permitiendo que se reciban propuestas de diferentes sectores de la sociedad, lo que enriquecería el proceso de selección.
El diputado agregó que tienen la esperanza de que, con un nuevo Fiscal al frente, se logren avances significativos en la judicialización de casos y se recupere la confianza en las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la justicia en el estado.