Sancionan al alcalde de Reynosa por uso indebido de recursos públicos en campaña

El Instituto Electoral sancionó a Carlos Peña Ortiz.

Créditos: Gobierno de Reynosa
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Escrito en TAMAULIPAS el

Tamaulipas.- En una nueva jornada de controversias políticas en Tamaulipas, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ha vuelto a sancionar al alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, por el indebido uso de recursos públicos durante su campaña como candidato a la alcaldía. 

Esta situación ha generado debate en el ámbito político regional, donde la transparencia y la equidad en los procesos electorales son temas de gran relevancia. 

En la sesión extraordinaria número 47 del IETAM celebrada este martes, se determinó que Peña Ortiz incurrió en transgresiones a los principios de neutralidad y equidad en la contienda electoral, al utilizar indebidamente recursos públicos en su campaña. 

A través del procedimiento especial sancionador PSE-73/2024, se declararon existentes las infracciones atribuidas al alcalde, lo que llevó a la imposición de una amonestación pública como medida disciplinaria. 

Además, durante la sesión del consejo general del IETAM, se discutieron otros cuatro procedimientos sancionadores contra Carlos Peña Ortiz, relacionados con la promoción personalizada de propaganda gubernamental y la presunta coacción de voto. 

Sin embargo, en estos casos, la Comisión de Procedimientos Sancionadores, liderada por la consejera electoral Marcia Laura Garza Robles, determinó la inocencia del alcalde de Reynosa. 

Carlos Peña Ortiz, hijo de la exalcaldesa Maki Ortiz Domínguez, ha sido uno de los políticos más acusados y sancionados en el actual proceso electoral en Tamaulipas. 

A pesar de comprobarse su culpabilidad en el uso indebido de recursos públicos, las autoridades electorales han optado por imponerle únicamente amonestaciones públicas, sin aplicarle sanciones económicas. 

Estas decisiones han generado críticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores políticos y ciudadanos, quienes consideran que las sanciones impuestas no son suficientes para garantizar la transparencia y la equidad en el proceso electoral.