Protestan contra magistrado de Tamaulipas por acusaciones de violación

Aunque las denuncias no han sido probadas en un tribunal, la presión pública aumenta, ya que las acusaciones de una exempleada y familiares de una menor han puesto a Rojas bajo escrutinio.

Protesta de mujeres en Tamaulipas.
Protesta de mujeres en Tamaulipas. Créditos: Cortesía
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Tamaulipas.- Un grupo de mujeres se reunió este jueves frente a las instalaciones del Tribunal Electoral de Tamaulipas para protestar contra el magistrado Edgar Danés Rojas, quien enfrenta serias acusaciones de acoso sexual y violación. 

Aunque las denuncias aún no han sido probadas en un tribunal, la presión pública está en aumento. Las acusaciones, que incluyen denuncias de una ex empleada del tribunal y de familiares de una menor, han puesto a Rojas bajo el escrutinio de la opinión pública. 

La abogada Rocío Hernández Herrera, quien lideró la manifestación, declaró que Danés Rojas es acusado de violar a una menor. Sin embargo, la fiscalía de justicia aún no ha reportado avances significativos en la investigación del caso. 

Hernández Herrera expresó su preocupación de que hay más víctimas que temen hablar debido al poder del magistrado. La abogada instó al gobierno estatal y a los legisladores locales a intervenir para asegurar que la investigación progrese adecuadamente. Durante la manifestación, los asistentes portaron pancartas con mensajes como “Fuera violador”, “Queremos justicia” y “Te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo”. 

Las mujeres exigieron un castigo para Rojas, quien actualmente sigue desempeñando sus funciones como presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas.

Además de las acusaciones de acoso y violación, el magistrado enfrenta otras críticas. Se le ha señalado por presuntamente haber cobrado salarios indebidos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y por su supuesta conducta arbitraria en la conducción de sesiones del tribunal. 

El magistrado René Osiris Sánchez Rivas también ha acusado a Danés Rojas de tomar decisiones sesgadas en asuntos que involucran a sus familiares directos. 

La situación plantea un desafío para las autoridades locales y la comunidad jurídica, quienes deberán abordar tanto las acusaciones actuales como las críticas adicionales para garantizar la justicia y la integridad en el sistema judicial.