Washington D.C.- La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han tomado testimonios para avanzar en las investigaciones contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades en sus operaciones financieras.
Las autoridades buscan determinar si la entidad sudamericana canalizó cientos de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense y si parte de esos recursos derivó en delitos como lavado de activos o fraude.
Esta investigación avanza mientras se desarrolla la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde la Selección de Argentina avanzó a la fase de Cuartos de Final tras un controvertido 3-2 sobre Egipto.
De acuerdo con el medio de comunicación La Nación, uno de los testimonios correspondió al empresario Guillermo Tofoni en una reunión en línea celebrada la semana pasada. En el encuentro participaron fiscales federales y agentes del FBI radicados en Washington D. C. y Miami.
La pesquisa tiene el objetivo de llegar a personas con conocimiento directo sobre la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, máximas cabezas de la AFA.
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La diligencia preliminar inició en 2025 y corre a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger.
Los fiscales concentran parte de sus indagatorias en las actividades de TourProdEnter LLC, empresa que asumió el cobro de contratos firmados entre la AFA y patrocinadores internacionales.
Las versiones indican que se busca reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Javier Faroni y Erica Gillette dentro del sistema financiero estadounidense.
Según documentación revisada por La Nación, Erica Gillette y Javier Faroni movilizaron al menos 260 millones de dólares a través de cuentas abiertas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
Esos recursos serían ingresos internacionales de la AFA administrados por TourProdEnter LLC, y de acuerdo con registros bancarios, solo una parte de esos fondos tienen relación directa con gastos operativos identificables del organismo argentino.
Además, 45 millones se distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no aparece en la documentación analizada.
Entre esas operaciones destacan transferencias por decenas de millones de dólares a sociedades controladas por personas que, de acuerdo con registros oficiales, recibían planes sociales y residían en Bariloche o en la Ciudad de Buenos Aires. Según los documentos revisados, dichas sociedades no muestran una contraprestación identificable.
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