Alejandro Irarragorri es absuelto: juez lo desvincula de proceso penal por presunta defraudación fiscal

Santos Laguna confirmó que la justicia resolvió a favor de Alejandro Irarragorri, cerrando el caso por presunta defraudación fiscal. La resolución judicial marca el cierre de una controversia que durante meses generó especulación sobre el presidente de Grupo Orlegi.

El presidente de Grupo Orlegi fue exonerado tras comprobarse que no existían elementos suficientes para sostener la acusación de la FGR y el SAT.
Alejandro Irarragorri, absuelto: juez federal determina no vincularlo a proceso por presunta defraudación fiscal.El presidente de Grupo Orlegi fue exonerado tras comprobarse que no existían elementos suficientes para sostener la acusación de la FGR y el SAT.Créditos: MEXSPORT
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Torreón.- El Club Santos Laguna confirmó este miércoles 8 de octubre de 2025 que un juez federal dictó auto de no vinculación a proceso a Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente de Grupo Orlegi, dentro del procedimiento promovido por la Fiscalía General de la República (FGR) a petición del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se le señalaba por presunta defraudación fiscal.

De acuerdo con la información emitida por la institución, la audiencia se llevó a cabo el martes 7 de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Torreón, Coahuila, donde el juez concluyó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación. Con esta resolución, el empresario queda absuelto de la imputación y el proceso no continuará en su contra.

El fallo judicial determinó que no hubo evidencia objetiva ni fundamentos legales que acreditaran la existencia del delito ni la participación de Irarragorri en las operaciones señaladas por las autoridades fiscales.

“No existen elementos objetivos que acrediten la existencia del hecho con apariencia de delito ni la supuesta participación que se le atribuía”, se lee en el comunicado oficial difundido por Santos Laguna.

El caso, que inició a partir de una denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación, hacía referencia a un presunto fraude fiscal superior a 17 millones de pesos, derivado de deducciones indebidas registradas en el ejercicio de 2017. De acuerdo con la versión oficial, se cuestionaba el uso de primas de riesgo de trabajo como deducciones aplicadas a jugadores y cuerpo técnico, una práctica que la defensa calificó como regular y plenamente justificada dentro del marco administrativo.

La controversia tomó relevancia pública a inicios de año, cuando diversos medios reportaron que Irarragorri había sido declarado “prófugo de la justicia” por no asistir a una audiencia presencial programada para el 24 de marzo. No obstante, su defensa aclaró que el empresario sí compareció de forma virtual días antes y que el juez reprogramó una nueva cita presencial sin notificación adecuada, lo que generó una interpretación errónea sobre su estatus legal.

El club, por su parte, manifestó en distintos comunicados su rechazo a las presiones judiciales y su confianza en que el caso debía resolverse por la vía tributaria, no penal, al considerar que se trataba de un tema administrativo susceptible de aclaración ante las autoridades fiscales.

Tras conocerse la resolución, Santos Laguna reiteró su respaldo al presidente de Grupo Orlegi, señalando que la decisión “confirma que la defensa fue adecuada y que el Estado de Derecho prevalece sobre cualquier interpretación errónea”.

Asimismo, el club enfatizó que todas las operaciones del grupo se mantienen con normalidad, y que la gestión de Irarragorri al frente de Santos, Atlas y el Sporting de Gijón continúa sin afectaciones.

“La ruta correcta siempre fue acudir a las instituciones de justicia con confianza y transparencia. Este resultado valida ese camino”, agregó el pronunciamiento.

Con el fallo judicial, el proceso penal queda cerrado de manera definitiva, marcando un punto de cierre en una controversia que, durante meses, generó especulación mediática. Para Santos Laguna, la resolución representa no solo un respaldo a su presidente, sino también una ratificación institucional de confianza en las leyes mexicanas.

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