Monterrey.- El panorama migratorio actual ha generado un clima de incertidumbre sin precedentes para la comunidad mexicana en el extranjero. Según datos del Pew Research Center, al menos 8 de cada 10 mexicanos que residen en Estados Unidos, incluyendo a quienes poseen estancia legal, sienten un temor constante a ser deportados. Esta estadística se complementa con un dato alarmante: el 90 por ciento de los 39.9 millones de personas de origen mexicano que viven en territorio estadounidense ha reportado haber sufrido algún tipo de violencia en su entorno cotidiano bajo las políticas de la nueva administración.
Organizaciones civiles han señalado que el alcance de las cortes de migración y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha permeado la vida diaria en las grandes ciudades. Entre enero y octubre de este año, las cifras oficiales revelan el arresto de 220 mil personas; de este grupo, un total de 75 mil ciudadanos carecían de antecedentes penales previos. Los testimonios reflejan historias críticas, como la de un mecánico con 40 años de servicio a su comunidad que fue deportado tras cometer una falta de tránsito menor en Arizona. Estos eventos han provocado que muchos habitantes opten por el aislamiento social para evitar riesgos de detención.
Por su parte, especialistas en derechos humanos han observado que, aunque el tránsito irregular ha disminuido un 85 por ciento respecto al año anterior, los retos humanitarios persisten. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, destacó que este descenso en el flujo representa una oportunidad para que México reorganice sus propias estaciones migratorias. El objetivo es priorizar la capacitación del personal en empatía y trato digno, buscando un cambio de paradigma que garantice el respeto a los derechos de quienes se quedan en territorio nacional al no poder avanzar hacia el norte.
A este escenario se suma la entrada en vigor, el próximo 26 de diciembre, de un sistema biométrico integral. Esta medida registrará datos faciales y huellas digitales de más de un millón de personas que realizan cruces legales diariamente por la frontera. Mediante la plataforma Smart Path, el sistema contrastará la información en menos de tres segundos en garitas y puentes internacionales. El despliegue de esta tecnología marca el inicio de una era de vigilancia digital que preocupa a expertos y viajeros por igual debido a las monumentales implicaciones sociales y económicas que conlleva.