Washington.- El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ampliará el acceso al cannabis, una medida muy esperada que supondrá el cambio más significativo en la política antidrogas de Estados Unidos en décadas.
Trump rebajó ayer la clasificación de la mariguana para introducirla en una categoría de drogas menos restrictiva de cara a facilitar investigaciones con esta sustancia, la cual, aclaró el mandatario, seguirá siendo ilegal a nivel federal en lo que se refiere a su uso recreativo.
“Quiero recalcar que la orden (ejecutiva) que estoy a punto de firmar no legaliza la mariguana de ninguna manera, ni en ningún sentido, y de ninguna forma autoriza su uso como droga recreativa”. dijo Trump en el acto para firmar la orden en la Casa Blanca.
La iniciativa firmada hoy saca a la mariguana de la categoría I de narcóticos, la misma clasificación que tiene la heroína, a la categoría III de drogas, la que tiene, por ejemplo, la ketamina.
La orden firmada por Trump también insta a la creación de un programa piloto para reembolsar a pacientes del programa de salud Medicare por la compra de productos elaborados con CBD, un compuesto del cannabis que no tiene propiedades psicoactivas.
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En el acto celebrado en el Despacho Oval, Trump estuvo acompañado por profesionales oncológicos, pacientes de cáncer o representantes de la asociación de farmacias.
El consumo recreativo de cannabis es legal en 24 estados y en Washington D. C.
En otros hechos, gobierno de Trump restringe atención médica para menores transgénero
El pasado 18 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., anunció restricciones drásticas contra la atención médica de afirmación de género para menores de 18 años.
La medida busca cortar fondos federales de Medicare y Medicaid a hospitales y proveedores que realicen cirugías o prescriban bloqueadores de pubertad y hormonas, calificando estos procedimientos como "mutilación química y quirúrgica".
Además de las restricciones financieras, el Departamento de Salud emitió advertencias a fabricantes de insumos médicos para evitar su comercialización en casos de disforia de género.
Aunque activistas y especialistas advierten que estas normas vulneran el acceso a la salud pediátrica, el gobierno insiste en que no hay evidencia científica que respalde estos tratamientos, revirtiendo así las políticas de inclusión de la administración anterior.