Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió contra los sectores mediáticos y financieros del país, acusándolos de orquestar una campaña de desinformación respecto a la salud económica de su gobierno. A través de un mensaje público, el mandatario aclaró que su administración no ha adquirido nuevas obligaciones para financiar el gasto corriente ni de inversión, sino que el endeudamiento actual se destina de forma exclusiva al cumplimiento de compromisos financieros adquiridos por gestiones anteriores. Según Petro, la deuda externa colombiana mantiene una trayectoria descendente en proporción a la economía nacional, desmintiendo así las versiones que sugieren un descontrol en las finanzas del Estado impulsadas por la oposición política.
En su análisis, el jefe de Estado hizo hincapié en la diferencia técnica entre la deuda bruta y la deuda neta integral. Aseguró que mientras la prensa se enfoca en la primera para generar alarma, los indicadores de sostenibilidad muestran que la deuda neta ha disminuido este año como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Petro vinculó esta supuesta manipulación informativa a los intereses de los grandes grupos económicos del país, a quienes señaló de intentar recuperar el control político. Para el presidente, el verdadero obstáculo para la estabilidad radica en las altas tasas de interés impuestas por el Banco de la República, institución a la que calificó de actuar como un bloque de oposición sistemático.
Petro explicó que el actual panorama de insostenibilidad es producto de un déficit primario persistente desde hace varios años, agravado por una política monetaria que busca frenar el crecimiento económico nacional. Ante el rechazo recurrente de sus proyectos de ley en las comisiones económicas del Congreso, el mandatario anunció la firma de un decreto de emergencia en materia tributaria. Esta medida tiene como objetivo principal captar recursos adicionales de los sectores con mayor poder adquisitivo, quienes, en su opinión, fueron los grandes beneficiados de las exenciones fiscales otorgadas durante la pasada emergencia sanitaria del COVID-19.
Finalmente, el presidente lanzó una advertencia sobre las posibles consecuencias si la Corte Constitucional decide invalidar esta nueva herramienta legal. Aseguró que, sin este ajuste impositivo a los sectores megarricos, la tasa de riesgo país continuará elevándose, empujando a Colombia hacia una crisis económica grave. El decreto busca, según sus palabras, una contribución de los grandes beneficios obtenidos por la élite económica hacia la sociedad para garantizar la viabilidad fiscal y proteger el bienestar de la población frente a las presiones del sistema financiero dominante.