Trujillo .- El sistema judicial peruano finalmente emitió un veredicto determinante tras diecisiete años de impunidad en el caso de Azul Rojas Marín. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional impuso una pena de diecisiete años de prisión contra tres exmiembros de la Policía Nacional, identificados como Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León. Los delitos imputados incluyen tortura agravada y violencia sexual, perpetrados en un contexto de discriminación, en un fallo que el propio sistema legal ha calificado como un precedente fundamental para la defensa de los derechos humanos.
Los hechos se remontan a la madrugada del 25 de febrero de 2008, cuando Azul fue interceptada por una patrulla en el distrito de Casa Grande, en la región de La Libertad. Los agentes la trasladaron por la fuerza a una comisaría donde fue sometida a tratos degradantes y vejaciones físicas brutales. En aquel entonces, Azul enfrentó el desprecio de las instituciones: su denuncia fue archivada inicialmente en 2009 y la fiscalía llegó a cuestionar la veracidad de su testimonio, sugiriendo con prejuicios que las lesiones eran producto de su vida privada y no de una agresión oficial.
La persistencia de la víctima, respaldada por organizaciones civiles, llevó el expediente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2020, este tribunal internacional dictó una sentencia histórica que obligó al Estado peruano a reabrir la investigación, marcando la primera vez que se responsabiliza a una nación por tortura contra una persona de la diversidad sexual. Aunque este mes de diciembre se logró la condena en el ámbito nacional, Azul manifiesta que la justicia se siente incompleta. Los responsables continúan en libertad debido a que no se dictó una orden de captura preventiva antes de la lectura del fallo, una omisión que ella atribuye a la negligencia estatal.
A sus 44 años, Azul ha decidido transformar su experiencia traumática en una herramienta de cambio social. Gracias a una beca de estudios, actualmente cursa la carrera de Derecho con el fin de evitar que otros ciudadanos sufran el mismo abandono institucional que ella padeció. A pesar de que aún no recibe la reparación económica integral ni los cuidados psicológicos ordenados por la Corte, sostiene que su victoria legal es un paso fundamental. El legado de su lucha ya se estudia en diversas facultades, proyectando un cambio cultural necesario para erradicar el odio y la discriminación en la administración pública.