Buenos Aires.- El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició un sumario formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio Tapia y otros directivos por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. La investigación, vista desde el exterior como un caso de alto impacto institucional, abarca cinco universos de operaciones que suman un total de 131.3 millones de dólares y 94.9 millones de euros. Según el expediente, el organismo investiga si la entidad utilizó un esquema irregular para evitar el impacto de las restricciones cambiarias impuestas en el país sudamericano, modificando los conceptos de registro de sus ingresos internacionales.
El eje de la investigación reside en el cambio de categoría con el que la AFA declaró fondos provenientes de patrocinadores y derechos de televisión. La entidad habría registrado estos ingresos bajo el código de "donaciones" o "transferencias corrientes" en lugar de declararlos como pagos por servicios personales o recreativos. Esta maniobra técnica permitió a la asociación evitar la obligación de liquidar las divisas en el mercado oficial al tipo de cambio gubernamental, permitiéndoles mantener sus activos en dólares y beneficiarse de la brecha existente con el mercado paralelo. Entre los contratos bajo la lupa destacan los de Adidas, Fox y firmas de distribución de fútbol.
El sumario también incorpora movimientos relacionados con organismos internacionales como la FIFA y la Conmebol. En estos casos, se detectaron transferencias por conceptos de subsidios y adelantos para torneos como la Copa América y competiciones de futsal que estarían pendientes de ingreso o liquidación correcta. La defensa de la AFA sostiene que las operaciones se ajustan a la figura de donación, la cual exime de la obligación de liquidar divisas según la regulación vigente. Sin embargo, los investigadores señalan que este mecanismo fue una respuesta directa para esquivar el endurecimiento del control de cambios aplicado durante los últimos años en Argentina.
Este proceso administrativo es el primero de su tipo contra la máxima autoridad del fútbol argentino y podría derivar en severas sanciones económicas e inhabilitaciones para operar en el mercado de cambios. El Banco Central ha concedido prórrogas para la respuesta de los implicados, fijando fechas límite durante este 2025 para el desahogo de pruebas. Mientras tanto, el caso genera incertidumbre sobre la estabilidad financiera de la organización en un contexto de alta volatilidad económica, donde el cumplimiento de las normativas cambiarias se ha vuelto un punto crítico para todas las entidades con operaciones internacionales en territorio argentino.