Monterrey.- Aunque muchos celebraron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la penalización del aborto, la realidad es que para entidades como Nuevo León el panorama luce complicado.
A diferencia de Coahuila, donde la resolución de los ministros tiene un efecto inmediato, en el resto del país, sobre todo en aquellos en donde el delito del aborto está tipificado en sus códigos penales, esto no cambiará.
Juan Jaime González Varas, Secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN, quien coordinó la ponencia de la magistrada Ana Margarita Ríos Farjat, explicó que, en el resto del país, las mujeres sentenciadas, encarceladas o perseguidas por el delito de aborto, podrán recurrir a amparos para frenar la justicia penal o recuperar su libertad.
“Trasciende con carácter obligatorio para los jueces, ojo, para los jueces, no para autoridades administrativas o un Congreso, pero si estos jueces deberán resolver estos casos, atendiendo a lo resuelto por la Suprema Corte.
“En estos estados distintos a Coahuila, las normas siguen vivas y esto no impide que por lo menos formalmente puedan ser aplicadas… pero nada impediría que de facto atendiendo lo resuelto por la Corte en congruencia con el orden constitucional se tomara en consideración lo resuelto para no emprender persecución penal”, explicó.
Sin embargo, a diferencia de los jueces, quienes deben resolver los casos en base a los criterios de la Suprema Corte, los Congresos Locales no están obligados a acatar el mandato de la máxima corte de justicia de la nación.
En este sentido existen dos escenarios posibles para que el aborto sea despenalizado en estados como Nuevo León: El primero de ellos es que los diputados por decisión propia presenten una reforma para despenalizar el aborto atendiendo los criterios de la suprema corte o generar cualquier reforma al Código Penal en el artículo 327 referente al aborto.
Esto permitiría la promoción de una Acción de Inconstitucionalidad, las cuales solo pueden promoverse 30 días hábiles posteriores a la reforma, como ocurrió en el estado de Coahuila.
“Como no todo se puede confiar a la voluntad política hay otros escenarios, y un escenario B, sería una nueva reforma a la ley que permitiera una Acción de Inconstitucionalidad, el problema es que es necesario el nuevo acto legislativo”.
Un segundo escenario podría tratarse de una declaratoria general de inconstitucionalidad como lo que ocurrió recientemente con la despenalización del consumo de marihuana.
“Iniciar una declaratoria general de inconstitucionalidad, a través de una jurisprudencia emitida por tribunales colegiados del estado que sigan la jurisprudencia de la corte, esto lo vimos recientemente en la inconstitucionalidad de la ley de Salud, respecto al uso lúdico del cannabis, va a llevar tiempo pero que también podría llevar a expulsar estas normas jurídicas de los estados”.
Finalmente, González Varas explicó que existen otros escenarios que no han sido explorados hasta el momento como los amparos por omisión legislativa.
El escenario luce complicado luego de que el Partido Acción Nacional, que posee la mayoría en el Congreso de Nuevo León, descartó inmediatamente la despenalización del aborto en Nuevo León.