Monterrey.- El Gobierno estatal informó que delimitará las zonas en donde se permite la extracción de caliza en el Cerro de las Mitras y en la Sierra de San Miguel, para dar certeza jurídica a futuros desarrollos y evitar problemas legales.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Sustentable informó que los cambios obedecen a que los acuerdos firmados en 1982 ya no son compatibles con las condiciones actuales en cuestión de población y manejo de emisiones por parte de las pedreras.
Actualmente, en esas zonas se ubican y operan empresas extractoras de caliza por mandato del Decreto 187 emitido por el Congreso Local hace 39 años, cuando se reubicaron las pedreras que operaban en el Cerro del Topo Chico.
En 1995, el entonces secretario de Desarrollo Sustentable estableció alrededor de la zona de explotación unas áreas de amortiguamiento, transición y seguridad.
El acuerdo fue emitido por una autoridad incompetente debido a que el Congreso sólo autorizó al Gobernador para establecer la zona de las empresas extractoras.
“Lo anterior ha generado en el transcurso del tiempo una serie de litigios, que han permitido desarrollos habitacionales en las zonas de amortiguamiento obligando el otorgamiento de licencias municipales.
“Sin embargo, las circunstancias han cambiado en la actualidad en relación a las que prevalecían al momento en que se emitió aquel acuerdo, tales como que, a diferencia de 1995, ahora existe un marco regulatorio más sólido y específico”, establece el comunicado del Gobierno actual.
El documento agrega que ahora se cuenta con autoridades ambientales especializadas (Procuraduría de Desarrollo Sustentable del Estado) y los procesos de explotación de las empresas extractoras de caliza se han mejorado y modernizado en cuanto a la prevención de emisiones.
Además, hoy se cuenta con un sistema de coordenadas geo referenciadas establecido por el INEGI a nivel nacional (Proyección: ZONA UTM14NORTE; y Datum de Origen: ITRF2008V VERSION2010) que da certeza en la delimitación.
Las adecuaciones realizadas atienden al respeto de derechos de los propietarios, tanto de los de la zona de explotación como de los predios circundantes, preció el gobierno estatal.
Añadió que no se modifican de manera alguna las áreas de explotación de caliza, pero si se da certeza jurídica y solución de fondo al desarrollo y planeación urbana a todos en cuanto a la competencia en la determinación de las zonas de salvaguarda.
“Se establecen estas como zonas de transición entre las zonas de explotación y las habitacionales. Adicionalmente se establece una delimitación precisa de las mismas, y por tanto se previenen futuros problemas legales de desarrollo y planeación urbana”, afirma el comunicado.