Monterrey.- Los funcionarios de los tres niveles de gobierno que estaban en funciones cuando ocurrió el ataque al casino Royale hace 11 años, aún podrían enfrentar sanciones, así lo dejó entrever el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno Federal, Alejandro Encinas.
Tras participar en la ceremonia de disculpas públicas en las instalaciones del Lab NL, el funcionario federal señaló que las omisiones magnificaron el resultado del ataque perpetrado en el inmueble de la casa de apuestas, por parte de un grupo delictivo, en contra de la sociedad civil.
“Hay delitos que no prescriben, cuando hay omisiones que atentan contra la integridad y la vida de las personas, se configuran delitos de violaciones a los derechos humanos… y los delitos cometidos que implican esto, son imprescriptibles”, dijo.
Encinas declaró que las autoridades en turno deberán dar seguimiento a la denuncia de los afectados.
“Ver qué autoridades fueron las que llegaron, con sus omisiones, a magnificar esta tragedia… Si sabe ¿dónde están? En los temas de Protección Civil, en la inspección a giros mercantiles", dijo el funcionario.
Ante el señalamiento de impunidad que hizo Samara Pérez, vocera del ‘Colectivo 52 + 2’ sobre que ningún funcionario de ninguno de los tres niveles recibió siquiera una sanción administrativa por parte de sus superiores, tras las anomalías detectadas luego del incendio del inmueble de la colonia San Jerónimo, Encinas apuntó a que la impunidad sigue siendo un grave problema en México.
“Lamentablemente tenemos un gravísimo rezago en el país ¿por qué? La impunidad, sigue prevaleciendo la comisión de los delitos… y delito que no se castiga, es un delito que se vuelve a cometer '', comentó.
Añadió que la sentencia a los autores materiales es otra de las situaciones prioritarias para hacer justicia a las víctimas y a sus deudos.
Finalmente, el funcionario destacó que, actualmente, a nivel nacional, la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, tiene ‘detenidos’ los permisos para las casas de juego, hasta que estas no comprueben que cumplen con todas las cuestiones de seguridad.