Monterrey.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Monterrey presentó una iniciativa de ley ante el Congreso local para que se aceleren los procesos administrativos y caduquen sanciones a empresas que hacen el Gobierno del Estado y los municipios.
La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Nuevo León pretende que los ciudadanos tengan una certeza jurídica, explicó Fernando Canales Stelzer, presidente de Canaco Monterrey.
“Los beneficios para los ciudadanos de esta ley es que cualquier proceso administrativo de gobierno, sea municipal o estatal, el ciudadano tenga certeza jurídica, un orden en el proceso y no haya vacíos en las leyes específicas de las materias en cuestión.
“De tal manera, lo que busca esta ley es proteger al ciudadano de actos de gobierno”, estableció Canales Stelzer.
Te podría interesar
Durante la conferencia de prensa, Ramiro Villarreal de la Garza, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de Canaco, indicó que Nuevo León es parte de los cinco Estados del país que no cuentan con esta ley, por lo que es necesario regular estos procesos administrativos.
“Nos dimos cuenta que Nuevo León, somos uno de los cinco Estados de la República mexicana que no tenemos una Ley de Procedimiento Administrativo.
“Esto para que pueda suplir las lagunas de otra legislación y que además le ponga ciertos límites a la autoridad para hacer sus visitas y dictar sus acuerdos”, indicó Villarreal de la Garza.
La iniciativa de ley establece regular los procedimientos administrativos llevados a cabo ante las autoridades municipales y estatales, ya que esto representa un problema importante para todos los gobernados.
En la primera parte del proyecto se plantea regular el ámbito de aplicación de la ley y se definen los principios por los que se debe de regir el procedimiento administrativo.
Se desarrollan los supuestos de la inactividad administrativa y los supuestos aplicables a la negativa ficta, es decir, la negación de una autoridad administrativa o judicial a través del silencio o la inacción procesal.
En el documento se menciona que con la finalidad de que los gobernados cuenten con un medio de impugnación para hacer frente a los actos de la autoridad administrativa, se contempla el recurso de revisión.
Lo anterior, a través de que el interesado podrá combatir actos y resoluciones definitivas emitidas por las autoridades administrativas.