Monterrey.- José Arturo Salinas, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, fue electo este miércoles por el Congreso del estado como gobernador interino de Nuevo León, luego de concederle a Samuel García, la licencia por seis meses, para que busque la presidencia de México.
El político de 48 años de edad, originario de Monterrey, Nuevo León, es licenciado en derecho por el Tecnológico de Monterrey, y cuenta con dos maestrías por la Universidad Autónoma de Nuevo León, una en Vinculación Inmobiliaria y otra en Derecho Mercantil.
Con más de 27 años de trayectoria en el servicio público, se ha desempeñado como diputado local en el Congreso del Estado en el periodo 2000-2003, posteriormente del 2012 al 2015 y del 2015 al 2018 por el Partido Acción Nacional.
En el municipio de Los Herrera, Nuevo León, en los años 1997 al 2000, fue director general jurídico y también en el Comité Ejecutivo de Acción Nacional del 2011 al 2013.
Congreso designa a Arturo Salinas como gobernador interino de NL. Créditos: Luis Mendoza
También, fue Aspirante a Corredor Público aprobado por la Secretaría de Economía, Delegado Federal de la Secretaría de Economía en Nuevo León del 2004 al 2011
Cuenta con estudios en Dirección Empresarial por parte del IPADE Business School y es socio de la firma SALINAS & ABOGADOS, S.C. desde 1996 hasta la actualidad.
En el ámbito docente, ha sido catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Derecho y Criminología, en el periodo 1998 al 2001, además de ser miembro de la Fraternidad Jurídica Internacional PHI Delta PHI.
El pasado 1 de agosto, fue reelecto presidente del Poder Judicial de Nuevo León para el periodo 2023-2025, con 16 votos a favor.
Durante la sesión extraordinaria, magistrados y magistradas respaldaron a Salinas para ser titular del nuevo periodo, y de esta manera continuar frente al Poder Judicial como hace desde 2021.
La licencia de Salinas Garza tiene vigencia a partir del veinticinco de octubre de 2023 y hasta el día dos de junio de 2024, comprometiéndose a cumplir con la encomienda Constitucional que le han conferido.