Monterrey.- El organismo encargado de investigar cómo manejan el dinero los funcionarios públicos ya no dependerá del gobierno de Nuevo León encabezado por el encargado de despacho, Javier Navarro, pues ahora será manejado por la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, en la cual Pedro Arce Jardón está como encargado del despacho.
Esto se informó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera a favor del Congreso de Nuevo León una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo. La disputa giraba en torno a la omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado el decreto 196 que reformaba la “Ley Orgánica del Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León”.
En una sesión pública de la primera sala de la SCJN, cuatro de los cinco ministros votaron a favor de que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica Estatal (UIFE) sea parte integral de la Fiscalía del Estado.
La ministra Margarita Ríos Farjat, proponiendo la sentencia, declaró la inconstitucionalidad de la omisión de publicar el decreto y ordenó al Ejecutivo su publicación en el Periódico Oficial del Estado en un plazo de 15 días hábiles.
“Asunto número seis controversias constitucionales 272/2022 actor Poder Legislativo del Estado de Nuevo León el proyecto propone primero es procedente y fundada. Segundo se declara la inconstitucionalidad de la omisión en que incurrió el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Tercero se ordena al titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León que en un plazo de 15 días hábiles publique el decreto número 196” , se declaró en la Suprema Corte de Justicia.
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Argumentando que era ilegal, el entonces gobernador de Nuevo León, Samuel García se habría negado a publicar el decreto 196 que fue aprobado en junio del año pasado, por el Poder Legislativo, que adhería la Fiscalía de Nuevo León con la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica Estatal (UIFE) ente, que los diputados señalaban que era utilizado para la persecución de diputados del PRI y del PAN.
Tras la sesión del 22 de noviembre en el Congreso del Estado, en los artículos transitorios se establecieron plazos: "hasta 60 días naturales para que el Fiscal General del Estado designe al titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera y hasta 90 días para que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y la Fiscalía General de Justicia realicen las reformas necesarias a su reglamentación interna".
“Se establece un plazo de hasta 60 días naturales contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto, para que el Fiscal General del Estado designe a la persona.
La Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera deberá quedar instalada en un plazo no mayor a de hasta 90 días naturales contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto”, se lee en los artículos transitorios del Congreso del Estado de Nuevo León.