Monterrey.- El caso de Pedro Gabriel, el joven procesado por realizar llamadas falsas al servicio de emergencias del 911, es solo uno de los casi 4 mil reportes de broma que se presentan a diario en el Centro de Coordinación Integral de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del estado (C5).
El director general del C5 en Nuevo León, Pedro Vallarta Cobo, informó a ABC Noticias que durante del 2022 se recibieron un total de 3.5 millones de llamadas al 911, de las cuales, el 40 por ciento fueron de broma, es decir, un millón 400 mil llamadas.
Esto es un promedio de 3 mil 836 llamadas diarias de broma, que impiden la atención a reportes reales.
Entre salarios, gasolina y el tiempo destinado al reporte, las llamadas de broma al 911 podrían generar un gasto aproximado de 42 millones de pesos anuales en Nuevo León.
“Las llamadas de broma implican que existe la intención de que la autoridad destine recursos a través de un engaño, para que vayan a una determinada ubicación y estamos retardando la atención a casos que pueden ser desde emergencias médicas graves hasta delitos de alto impacto”.
El Centro de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra que, en la entidad, del total de reportes que no proceden, el 49 por ciento obedecen a llamadas mudas, el 16.4 no ameritan una emergencia, en el 15.03 no se detalla la información completa y en el 12.6 por ciento de los casos, son niños menores de 12 años que juegan una broma o se quedan callados en la línea.
Otras circunstancias de llamadas no procedentes son insultos, reportes de prueba o transferencia de llamadas.
“Hay algunas que nos refieren eventos o delitos de alto impacto, que las tenemos que tomar con toda seriedad y tenemos que involucrar la movilización de recursos no solo municipales, sino también de Fuerza Civil y del orden federal.
“No vamos a dejar impunes estas circunstancias porque están causando un grave deterioro y un grave perjuicio al esquema de seguridad del estado”, señaló el funcionario.
Los artículos 249 y 250 del Código Penal de Nuevo León contemplan un castigo de uno a ocho años de prisión, más una multa que puede oscilar entre los 51 y 103 mil pesos.
Vallarta Cobo advirtió que el estado ya cuenta con una metodología de investigación que permite ubicar a los bromistas en semanas y no de meses, como fue el caso de Pedro Gabriel, quien fue encarcelado por este delito.
Explicó que en cinco meses se identificaron hasta 61 llamadas del joven.
“Tenemos tecnología para tener los números telefónicos desde donde están haciendo estas llamadas y ubicar geográficamente los puntos y hacer un rastreo de las voces que coinciden con las que ya tenemos ubicadas.
“Tenemos la instrucción de reducir este tema de la impunidad y tenemos que mandar un mensaje a la sociedad de que esto no se va a quedar así”, advirtió Vallarta Cobo.
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