Monterrey. - Olga Susana Méndez, presidenta en Nuevo León de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), fue denunciada penalmente luego de realizar una quita estimada en 750 mil pesos a un banco donde le habían “hackeado” sus cuentas.
Este procedimiento irregular sobre los intereses concedida por la titular de la CEDH implica un daño patrimonial, de acuerdo a lo que señaló el denunciante Esaú Jonatan Torres, quien fue empleado por honorarios en el Gobierno del Estado.
En un documento en poder de ABC Noticias, se detalla que en junio del 2022 Banorte recibió la notificación de un juez para restituir 3 millones 950 mil pesos reclamados por el organismo por un robo electrónico.
Asimismo, el juzgador ordenó a la institución bancaria también a pagar intereses de 6 por ciento mensual desde el momento de las transacciones fraudulentas que ocurrieron en el año 2019.
De acuerdo a la denuncia presentada ante la Fiscalía General el pasado 6 de junio, el denunciante argumenta que Méndez, quien encabeza la CEDH, carecía de atribuciones para otorgar esa quita a Banorte, misma que además, debía ser reintegrada a la Tesorería del Estado.
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El quejoso agrega en la querella que en ninguna normativa u ordenamiento jurídico relativas a la Comisión o a la presidenta, se encuentra que puede acordar una quita de intereses moratorios.
“Debió haberse reintegrado a la Tesorería del Estado al tratarse del presupuesto destinado para el ejercicio 2019 y cual vino a ser reintegrado al organismo en el ejercicio 2022 por lo que la conducta ejercida por Méndez es sujeta a varias responsabilidades”, agregó el denunciante.
De acuerdo al documento, la parte quejosa también presentó una denuncia contra Méndez por el otorgamiento de bonos de hasta 66 mil pesos a personal de la CEDH, al considerar que la quita de intereses podría tipificarse como ejercicio ilícito de servicio público.
El delito electrónico se hizo público en julio de 2019 durante la gestión de Sofía Velasco al frente de la CEDH, pero fue hasta 2022 tras un juicio mercantil que el banco firmó un convenio para restituir los 3 millones 950 mil pesos reclamados.
Se informó que dentro de ese convenio se expresaba el desistimiento del organismo autónomo sobre los intereses que había ordenado el juez.