Monterrey.- El secretario general de Movimiento Ciudadano, Glen Villarreal, denunció públicamente, el uso político y faccioso de la Fiscalía General de Justicia, para perseguir a funcionarios del gobierno de Samuel García.
Acompañado de integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano y de su equipo jurídico, en una rueda de prensa, señaló que existen al menos 28 funcionarios públicos del Estado son investigados por la Fiscalía General de Justicia o la Fiscalía Anticorrupción, lo que una vez más deja en evidencia la mafia del Prian, manejada por Francisco Cienfuegos y Zeferino Salgado.
“El Pri y el Pan son manejados por una mafia controlada, por Chefo Salgado y Paco Cienfuegos, es momento de decir un hasta aquí un ya basta, no podemos seguir manteniendo el silencio ante lo que claramente es utilizar las instituciones de justicia para hacer persecución política”, dijo Villarreal.
El abogado, Héctor Mateos Urbina, quien lleva la defensa de los funcionarios públicos, señaló con nombres y apellidos a quienes han sido objeto de persecución a la que llamó guerra política.
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Entre los procesos abiertos se encuentran; carpetas de investigación, juicios políticos, procesos penales contra funcionarios como Samuel García, Gobernador de Nuevo León, Javier Navarro, Secretario General de Gobierno, Félix Arratia, Secretario de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sánchez Rivera, coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, Glen Villarreal, Secretario General, Reynaldo Cantú, director del Instituto de Defensoría Pública y Erick Cavazos, director de Protección Civil del estado, entre otros.
“Todos y cada uno de estos procesos penales son irrelevantes, intrascendentes con acusaciones de delitos menores y se ha usado como moneda política y consideramos que no debe ser así”, indicó Mateo Urbina.
Precisó que en los últimos tres meses se han desahogado más de 80 audiencias, equivalentes a 600 horas en contra de servidores públicos y más de 200 carpetas de investigación.
Por su parte, Glen Villarreal, detalló que el inicio de la investigación a sus empresas BMDI por presuntas operaciones de procedencia ilícita y ligadas al crimen organizado, son solo ataques para seguir desprestigiando su imagen y la de movimiento ciudadano.