San Pedro.- La Asociación de vecinos Fuentes del Valle y el Colectivo Unidos por la Loma Larga presentaron un juicio de amparo indirecto en el Poder Judicial de la Federación en contra del Magistrado de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal Administrativo.
Esto luego de que el municipio de San Pedro pidiera calma a los vecinos Fuentes del Valle, ante el desecho de demanda por parte de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) contra la desarrolladora de las Torres Ysabella.
Los vecinos señalaron al magistrado de desechar ilegalmente la demanda de lesividad interpuesta por el municipio de San Pedro Garza García. Como principales afectados por el desarrollo del proyecto.
Además, consideran esta decisión es una violación a su derecho de acceso a la justicia y exigen que se respeten sus derechos.
Según revelaron los miembros de la asociación de Veninos de Fuentes del Valle, la demanda enlista una serie de irregularidades que hace jurídicamente imposible que existan o subsistan las autorizaciones impugnadas por el propio municipio que las expidió.
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“Esta demanda enlista una serie de irregularidades graves que hace jurídicamente imposible que existan o subsistan las autorizaciones impugnadas por el propio municipio que las expidió, y tales irregularidades graves no pueden quedar convalidadas por el paso del tiempo ni por actos posteriores que intenten confirmarlas porque la ley establece que son nulas de pleno derecho", señalaron.
La comunidad consideró que la ley establece claramente que las irregularidades graves no pueden ser convalidadas con el paso del tiempo ni por actos posteriores que intenten confirmarlas, ya que son nulas de pleno derecho.
"Nuestros siete años de lucha por esta causa no serán en vano. Continuaremos siendo persistentes en la búsqueda de justicia", se lee en un comunicado de miembro activo de la comunidad de Fuentes del Valle.
Los vecinos confían en que cuentan con la razón y el respaldo legal necesario para proteger su derecho de acceso a la justicia. Tienen la esperanza de que el Poder Judicial de la Federación intervenga para garantizar que se respeten sus derechos frente al Tribunal de Justicia Administrativa.