Monterrey.- La complejidad de las leyes electorales ocasionan poca certidumbre en la participación de las mujeres en los procesos de elección, advirtió Ana Margarita Ríos-Farjat.
Durante su participación en la presentación del libro Mujeres en México, organizada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) la ministra de la Suprema Corte declaró que las normas son muy confusas y pueden esconder condiciones desiguales, principalmente en medidas de paridad de género.
“Estamos convirtiendo las leyes electorales en algo que tiene que ser graficado para entenderse, eso es sumamente peligroso. (...) Para entender que no es neutral una norma jurídicamente hablando, tienes que graficar otras”, manifestó.
Por esto, la ministra llamó a las autoridades a mantener las leyes lo más sencillas posibles para que sean accesibles en la sociedad.
En entrevista, Ríos-Farjat declaró que aún hay una brecha larga para trabajar en adecuar la legislación electoral y llegar a este objetivo, a manera de que no pueda quedar sujeta a interpretaciones.
“Cuando la gráficas se ve muy bien la redacción, pero hay algo inequitativo en la norma, los abogados y abogadas le llamamos falta de neutralidad. Las leyes deben de ser neutrales.
“Ese tecnicismo disimula que sigue habiendo una inercia de quitar espacios a la mujer, de minimizarlos. Necesitamos ser muy cuidadosos con la norma electoral. Para mí, mientras más clara una norma, mejor”, declaró.
La ministra sostuvo que estas bases complejas en las leyes electorales ahuyentan a los ciudadanos, siendo que están hechas para el alcance social.
En la presentación del libro, también estuvo presente la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Beatriz Camacho, así como el editor de la obra, Jorge Covarrubias.
Dentro de los asistentes, hubo presencia de autoridades como Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres, o Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión.
Incluso acudió el presidente del Congreso, el panista Mauro Guerra, o la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Olga Susana Méndez.