Nuevo León.- La vida dentro de los centros penitenciarios de Nuevo León sigue siendo objeto de controversia que alimenta percepciones sobre el sistema de justicia.
A menudo se espera que las personas privadas de la libertad enfrenten condiciones adversas, aunque la realidad puede ser distinta. De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la única pérdida legal de los internos es su libertad.
No obstante, la percepción pública y cultural tiende a exaltar el castigo, en lugar de enfocarse en la rehabilitación e integración social.
La CEDH ha señalado que el costo diario de la alimentación de una persona privada de su libertad asciende a 280 pesos, sin incluir otros servicios esenciales como la atención médica o psicológica.
Sin embargo, las quejas sobre la insuficiencia y baja calidad de los alimentos, así como la falta de acceso a cuidados médicos adecuados, son recurrentes.
Según Susana Méndez Arellano, titular de la CEDH, los internos reportan condiciones desiguales en la distribución de comida y falta de apoyo en su proceso penal.
A pesar de los esfuerzos por garantizar los derechos de los internos y mejorar sus condiciones de vida, la realidad muestra carencias significativas en áreas como la salud y el acceso a servicios básicos.
El diagnóstico del año pasado de la CEDH refleja que el hacinamiento y la prisión preventiva son problemas persistentes, afectando a más de 10 mil personas.
“Tienen muchas carencias. En educación aproximadamente el 12% de la población (interna) tiene formación educativa, y para una efectiva reinserción social necesitan tener trabajo remunerado, capacitación, actividades educativas y deportivas, atención psicológica, salud mental y tratamiento de las adicciones, de lo contrario existen muy pocas posibilidades de que se puedan recuperar”, expuso Méndez Arellano.
En cuanto al presupuesto destinado al sistema penitenciario, que en 2023 fue de 825 millones de pesos, persisten dudas sobre su uso eficiente.
Aunque se ha incrementado con respecto a años anteriores, sigue habiendo falta de personal especializado, lo que dificulta la rehabilitación efectiva de los internos, quienes enfrentan grandes retos para su reintegración social.