Nuevo León.- El combate a la corrupción en Nuevo León se encuentra estancado, pues a pesar de las miles de denuncias que se presentan en la Fiscalía Anticorrupción del Estado, son muy pocas las que terminan en una sentencia condenatoria.
Durante 2023, la Fiscalía recibió un total de mil 208 carpetas de investigación activas y sólo tres de ellas culminaron en sentencias condenatorias, de acuerdo a cifras proporcionadas por la Fiscalía vía transparencia a Verificado.
En años anteriores, el escenario fue similar: en 2022, de mil 381 carpetas de investigación, sólo dos terminaron en sentencias, y en 2021, de 2 mil 620, únicamente se emitieron dos condenas.
En 2020, de 594 carpetas de investigación, sólo se realizó una sentencia, cifra que se repite en 2019, cuando se registraron 39 carpetas de investigación.
Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico, lamentó que en el estado no se hayan aprendido lecciones de casos históricos de corrupción, la mayoría relacionados con desvío de recursos.
Además, expresó su preocupación por la ineficiencia en el procesamiento de las denuncias, y consideró que debido a los procesos burocráticos y el poco personal frenan el avance de las investigaciones.
En diciembre, el Consejo Cívico publicó un demoledor análisis en el cual consideró que los mecanismos anticorrupción no funcionan en el estado, y los calificó de inoperantes.
“Observamos que en Nuevo León el Sistema Estatal Anticorrupción (SEANL) existe sólo desde las leyes que lo crean, pero no opera.
“A cinco años de haberse instalado formalmente y contando para este 2023 con un presupuesto estatal de 902 millones 657 mil 590 pesos para los “programas que contribuyen a la lucha contra la corrupción”, no se han cumplido los objetivos con los que se originó este mecanismo.
Prueba de ello es que no se desarticuló una sola red de corrupción en nuestra entidad”. La publicación añade: “es lamentable que la clase política de Nuevo León mantenga los mecanismos institucionales de combate a la corrupción entre la captura partidista y la inoperancia”.
En junio pasado, la Fiscalía admitió enfrentar un déficit de personal, lo que obstaculiza el avance de las investigaciones, pues sólo cuenta con cinco peritos especializados y cuatro agentes ministeriales.
Fiscal ‘de A-Cero’
Este año 2024, Javier Garza y Garza concluyó su periodo como Fiscal Especializado, cargo que ocupó desde marzo de 2018; sin embargo, al ser llevado el tema a Congreso volvió a tomar el puesto.
Samuel García, gobernador de Nuevo León, dijo desde 2022 que, en materia de combate a la corrupción, Nuevo León tiene un fiscal de “a-cero” al ironizar sobre los resultados.
“Aprovecho para mandar un mensaje a quien yo llamo el fiscal de Acero, a nuestro fiscal Anticorrupción, de a cero, por cero resultados’’, dijo.
Consejo Cívico presentó sus hallazgos del Observatorio Ciudadano del SEANL y reveló que para 2023 el monto total asignado a programas que contribuyen a la lucha contra la corrupción en Nuevo León fue de 902 millones 657 mil 590 pesos.
Torre administrativa
La construcción de la Torre Administrativa de Nuevo León, licitada durante la administración de Natividad González Parás, ha sido uno de los casos de presunta corrupción.
Se vincula con la empresa Odebrecht, la constructora brasileña envuelta en escándalos de sobornos.
A pesar de las sospechas sobre sobrecostos y la entrega de la obra, no se avanzó de manera significativa en las investigaciones hasta 2017, cuando el entonces subprocurador anticorrupción, Ernesto Canales Santos, abrió una carpeta de investigación.
Sin embargo, hasta la fecha, no se ha emitido una sanción ejemplar ni se han presentado avances contundentes en el caso.
‘Cobijagate’
El “Cobijagate” salió a la luz en 2016, cuando se reveló que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón adquirió cobijas a sobreprecio y de una calidad inferior a la exigida.
Este trato fue hecho con la empresa Comercializadora Mirof, y aunque se establecieron sanciones económicas tanto para la empresa proveedora como para algunos servidores públicos involucrados, estas medidas fueron criticadas por ser insuficientes y no responder a la magnitud del daño causado. El caso sigue sin sanción.
Huracán Alex
Tras el impacto del huracán Alex en 2010, las obras de reparación y reconstrucción dieron lugar a diversas interrogantes sobre el manejo de los recursos destinados a las mismas.
Expertos señalaron que las oportunidades de lucro personal en la asignación de contratos y ejecución de obras durante este periodo fueron considerables para el entonces gobernador Rodrigo Medina y sus allegados.
También KIA
El caso KIA involucró la compra y reventa de terrenos para la instalación de una planta automotriz en Nuevo León durante la gestión de Rodrigo Medina. Los terrenos fueron adquiridos a precios bajos y revendidos al estado a precios elevados, lo que despertó sospechas de corrupción y mal manejo de recursos públicos.
Las obras relacionadas con la preparación de los terrenos también fueron asignadas en condiciones cuestionables. Aunque este escándalo fue mediáticamente relevante, no se ha logrado una resolución judicial que sancione a los involucrados de manera ejemplar.