Monterrey. – El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto a Agua y Drenaje de Monterrey, a fin de que aplique inmediatamente un nuevo esquema de tarifas para consumo humano en los municipios rurales.
La propuesta del diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona, involucra exclusivamente municipios no metropolitanos, y el hecho que se pida su rápida implementación tiene que ver porque se ignoró establecerla el pasado 25 de junio del presente año.
Este último punto fue subrayado por el priista, quien recordó cómo el Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en el acta número 553 aprobó realizar la modificación de las tarifas de cuotas de aportación para uso habitacional en dichas localidades como Galeana, Doctor Arroyo, General Bravo, General Treviño, etcétera.
En todos ellos, se mencionó, hay grandes extensiones de terreno con construcciones mínimas, lo cual cambió a una cuota de aportación con un consumo humano básico por “autodeclaración”.
“Desde el 2010 se cobraba por metro cuadrado en los predios de los municipios no metropolitanos con extensiones de terreno 500, 800, o mil 200 metros cuadrados, imagínense les cobraban hasta 100 mil pesos, los cuales eran impagables. Ahora el cobro será por consumo estimado, las familias podrán autodeclarar un consumo de 5 o 10 metros cúbicos al mes, y ahora podrían pagar entre 5 mil o 10 mil pesos, una gran diferencia”, pronunció Caballero Gaona.
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“Por lo que hoy, exhorto al Director de Agua y Drenaje de Monterrey, para que aplique las tarifas que corresponden y realice campañas de difusión permanente en redes sociales y medios de comunicación, con el fin de informar a los ciudadanos de los municipios no metropolitanos, ya que podrían pagar menos monto de lo que están pagando a la fecha”, agregó.
Por último, el legislador destacó que el Estado debe garantizar el acceso al agua con tarifas justas y sustentables, asegurando que no se afecte el derecho básico de los usuarios al consumo humano en zonas vulnerables como los municipios no metropolitanos que no cuentan con suficiente infraestructura.
“A ningún individuo o grupo se le debe negar el acceso al agua potable porque no pueda pagarla. Lo cual nos lleva a que la modificación de tarifas no solo debe atender criterios económicos y de eficiencia, sino que debe incluir una dimensión de equidad social, ya que esto implica que, las tarifas deben ser accesibles y que se deben implementar medidas para garantizar que ninguna persona o grupo sea privado del acceso al agua por motivos económicos”, concluyó.