Monterrey.- Al señalar que tiene mucho trabajo que hacer como para ir a cada evento que se les ocurra, Mauricio Fernández Garza, descartó su asistencia de este miércoles a las mesas de trabajo del Congreso del Estado, para analizar el presupuesto 2025.
Tras ser cuestionado sobre la convocatoria por parte de la Comisión de Presupuesto para revisar la propuesta del ejecutivo, el alcalde sampetrino detalló que confía en él buen juicio de los legisladores para exigir lo justo para cada municipio.
“No puede ser que porque vaya uno o no vaya salga beneficiado o a otro lo empinen, yo no voy a estar yendo a cada evento que se les ocurra como si no tuviera nada que hacer, yo tengo mucho trabajo y respeto y creo en el buen desempeño y juicio de los diputados, que nos va a tocar lo que nos debe de tocar, ni más ni menos”, expuso.
Indicó que aunque ya tiene algunos proyectos definidos e incluso un estimado de los costos e inversión, aseguró que con o sin el apoyo del estado los van a poner en marcha.
Asimismo, dejó en claro que no quiere condicionar ninguna de las obras o depender del presupuesto que se les otorgue, aunque si reciben una buena partida podrán ejecutar mejores programas.
“Yo no quiero condicionar ningún proyecto a que si entra en el estado se hace o si no, no, nosotros lo vamos a hacer con o sin el estado, si el estado apoya, pues vamos a poder hacer más cosas y si no estaríamos un poco más limitados, pero todo lo vamos a hacer con o sin el estado”, indicó.
Las reuniones de trabajo con el Estado, municipios y organismos autónomos, fueron aprobadas luego de que dentro del Presupuesto 2025 entregado por la administración emecista, les solicitaron a los legisladores 17 mil 500 millones de pesos que buscan de financiamiento
El paquete fiscal presentado el pasado 20 de noviembre eliminó el Fondo de Desarrollo Municipal para 2025 y tampoco contempla el pago de adeudos a los municipios, que se arrastran desde 2023, además de recorte presupuestal para organismos, incremento en los derechos de alcoholes y arrendamiento de 2 mil 500 unidades de transporte público por 7 años.