Monterrey.- La solicitud de más participaciones para los municipios finalmente se aprobó, pero ahora con un 25% dentro de la Ley de Coordinación Hacendaria que fue aprobada por mayoría en el Congreso local con las abstenciones de las bancadas de Morena, MC y el PT.
Además de elevar del 20 con un 5 por ciento adicional, el monto que el Estado administre a los ayuntamientos en general de participaciones federales, este irá acompañado de un piso de 15 millones de pesos para los municipios rurales.
En el pleno se presentó inicialmente una reforma con lo dictaminado en la Comisión de Presupuesto desde el 16 de octubre, de subir del 20 al 30 por ciento, misma que fue votada en lo general, la cual posteriormente fue ajustada del 20 al 25 por ciento, tras una discusión entre las bancadas.
Se detalló que este 25 por ciento se distribuye entre los municipios utilizando tres fórmulas: la primera, con un 50 por ciento de ponderación, se basa en la eficiencia de la recaudación del Impuesto Predial; la segunda, con 25 por ciento de ponderación, se enfoca en la población y la extensión territorial de cada municipio.
Asimismo, una tercera fórmula, también con 25 por ciento de ponderación, la cual asigna recursos según las carencias sociales y el esfuerzo de los municipios por reducir el rezago social, es decir, calculando la pobreza de los municipios, explicó en entrevista la panista Myrna Grimaldo.
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La reforma se aplicó al Apartado A y la fracción 1 del Artículo 14 de la Ley y agrega un párrafo a éste se deriva de una iniciativa presentada en noviembre el 2023 por varios alcaldes de las pasadas administraciones.
Entre ellos, los municipios como Apodaca, San Nicolás, Guadalupe, Juárez, García, Cadereyta y Ciénega de Flores, y otra propuesta el 12 de junio de este año por Daniel Carrillo, alcalde de San Nicolás, de acuerdo a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la priista Ivonne Álvarez.
Pero finalmente la reforma obtuvo la mayoría en lo general y en lo particular, con el voto favorable de los integrantes de las fracciones legislativas del PRI, PAN, PRD y PVEM.
Al respecto la priista, Armida Serrato apuntó que el Estado no quería aceptar dicha reforma debido a que la deuda la tenía garantizada con las participaciones, motivo por el que no quería el Ejecutivo dar más recurso a los municipios.