Monterrey.- Los organismos autónomos y el Poder Judicial de Nuevo León alertaron sobre un posible colapso en sus operaciones debido a la reducción de recursos en el Proyecto de Paquete Fiscal 2025.
Durante una mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto del Congreso local, representantes de diversas instituciones solicitaron incrementos en sus asignaciones presupuestarias para evitar el deterioro de sus funciones.
Fiscalía General de Justicia
Pedro Arce Jardón, encargado de la Fiscalía, solicitó 4,560 millones de pesos, más 570 millones para proyectos como un nuevo centro de justicia para mujeres y una academia de formación.
La Fiscalía enfrenta un grave déficit de personal, con ministerios públicos atendiendo hasta 270 carpetas de investigación cada uno, lo que retrasa significativamente la impartición de justicia.
Auditoría Superior del Estado (ASE)
Alejandro Reynoso Gil, titular de la ASE, señaló que su petición de 669 millones de pesos fue recortada a 475 millones, comprometiendo la operación de un laboratorio para fiscalizar obra pública, estatal y municipal.
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Cámaras empresariales
El presidente de la Canaco Monterrey, Fernando Canales Stelzer, advirtió sobre el impacto económico de una iniciativa para aumentar impuestos en la venta de alcohol, lo que podría provocar el cierre de 2,500 negocios y la pérdida de 10,000 empleos.
También denunció incrementos en tarifas para eventos deportivos y espectáculos, lo que afectará gravemente a comercios y centros de entretenimiento.
Comisión Estatal de Derechos Humanos y otros organismos
Olga Méndez, presidenta de la CEDH, afirmó que necesitan 138 millones de pesos para atender la creciente carga laboral, frente a los 121 millones presupuestados. Brenda González, de InfoNL, y Eduardo Bautista, del TEE, solicitaron ajustes para garantizar la transparencia y la operación electoral, respectivamente.
Beatriz Camacho, presidenta del IEEPC, denunció que el gobierno estatal adeuda 196 millones de pesos al organismo, lo que los pone en riesgo de no cumplir con prerrogativas a partidos políticos ni con su operación ordinaria. Camacho advirtió sobre la posibilidad de emprender acciones legales si no se resuelve la situación.
Inasistencia del tesorero estatal
La reunión contó con la ausencia del Tesorero Estatal, Carlos Garza, quien no asistió ni envió aviso previo, lo que generó críticas de los diputados presentes.