Monterrey.- Por nueve meses, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ocultó el ciberataque que sufrió desde marzo del presente año, y la información sobre la vulneración no fue revelada a la ciudadanía hasta que se dio a conocer a través de redes sociales, evidenciando un aparente intento de ocultar el incidente durante todo ese tiempo.
El caso salió a la luz por una publicación en redes sociales que detalló que los archivos filtrados abarcan 14.7 gigabytes (GB) de información, distribuidos en 960 carpetas, con contenido sensible.
Entre los datos vulnerados se encuentran fotos de cadáveres, identificaciones, inventarios de armamento, evidencia forense y detalles de investigaciones activas, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad de los sistemas de la Fiscalía.
Tras la filtración, la dependencia emitió un comunicado oficial confirmando que detectó este ciberataque en sus sistemas desde marzo, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación.
La Fiscalía aseguró que ya cuentan con indicios clave, como videos, documentos y diligencias, que han permitido identificar a los posibles responsables y obtener órdenes de aprehensión.
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Sin embargo, el hecho de que la Fiscalía haya esperado nueve meses para informar del hackeo ha generado críticas, especialmente porque la información vulnerada podría afectar la integridad de casos en curso y la confianza ciudadana en la institución.
Como lo fue con el partido Movimiento Ciudadano, que emitió un comunicado exigiendo a la autoridad dar una explicación y sanciones por la negligencia donde el hacker “Scorpion” señaló al funcionario Paul Cortez Suárez de ser el responsable de instalar un dispositivo para la extracción de información.
Por su parte, en el comunicado de la Fiscalía intentó minimizar el impacto, aseguró que los datos filtrados no comprometen investigaciones ni procesos jurídicos vigentes.
Asimismo, informó que el área de Informática ha implementado protocolos adicionales de ciberseguridad, avalados por un consultor externo, para evitar nuevas vulnerabilidades.
Mientras la Fiscalía promete esclarecer los hechos, las críticas crecen por el ocultamiento del incidente durante meses y la falta de transparencia en un tema que compromete la confidencialidad y seguridad de investigaciones clave en el estado.