Monterrey. - Ante la inconformidad por el posible aumento a las tarifas del transporte público, por parte del gobierno del Estado, usuarios y colectivos, protestaron al considerarlo injusto y perjudicial para las familias regias.
En punto de las 09:30 horas de este miércoles, un grupo de 100 manifestantes encabezado por la diputada emecista Rocío Montalvo, se congregaron en la estación del metro Y Griega ubicada en la avenida Colón de la colonia Acero en Monterrey.
Posteriormente a las 10:00 horas con pancartas en mano y consignas como “No al tarifazo” y “El Pueblo se cansa de tanta Tranza”, salieron a marchar rumbo a las instalaciones del Parque Fundidora, donde se realizaba la sesión de la Comisión de Tarifas del Instituto de Movilidad, para plantear el acuerdo para aumentar el costo del pasaje del transporte público, así como del servicio de taxis.
A las 10:30 horas el grupo de manifestantes llegó a las instalaciones del Comité Técnico del IMA, donde por megáfono, contaron algunas malas experiencias a bordo de las unidades del transporte público, como largos tiempos de espera, falta de unidades y mal servicio.
“Siempre han sido un problema muy grande los camiones, ahora hay menos y pasamos 2 o más horas esperando el camión para salir de ahí y yo que ando muy seguido en el hospital llego siempre tarde a mis citas, porque el camión viene lleno y no pasa”, comentó una usuaria.
“Necesitamos apoyo para que nos manden más camiones y el incentivo que ese es el que queremos que nos regresen el incentivo y no nos vayan a dar el aumento, queremos más camiones, queremos más camiones”, gritaban.
A las 10:47 horas, los inconformes abrieron las puertas del edificio, ingresaron por las escaleras y llegaron a la sala de juntas donde estaban convocados cámaras empresariales, transportistas, diputados locales, así como Abraham Vargas, director del Instituto de Movilidad.
Durante el contingente, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se hizo presente para acompañar a los manifestantes, quienes pidieron más camiones y que detengan el incremento.
La decisión definitiva se tomará el día 27 de diciembre por la Junta de Gobierno, integrada por 18 miembros, de los cuales al menos ocho son integrantes de la administración estatal.