Monterrey.- La decisión recae en un grupo conformado por funcionarios públicos, representantes de cámaras empresariales, líderes de organismos civiles y otros actores clave.
Entre ellos destacan el gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto con el secretario de Gobierno, Javier Navarro; el tesorero estatal, Carlos Garza; el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, y el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez.
También forman parte del comité Abraham Vargas, director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, y titular del IMA.
Además, se cuenta con la participación de Aile Tamez, diputada, y Miriam Hinojosa, directora del Instituto Estatal de las Mujeres, así como Luisa Peresbarbosa, representante del Observatorio Ciudadano de Movilidad.
Por parte de las cámaras empresariales, figuran representantes de organismos como CANACO Monterrey y CAINTRA, quienes ya han dado su postura en contra del aumento a la tarifa. También se encuentra CANADEVI.
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Mientras que los ciudadanos cuentan con un espacio a través de un miembro del Consejo Cívico de las Instituciones.
Este órgano también incluye a cuatro representantes de prestadores de servicios de vehículos de alquiler, dos de organizaciones no gubernamentales, y uno más del Colegio de Ingenieros de Nuevo León.
La junta de gobierno tiene en sus manos la decisión sobre los ajustes tarifarios al transporte público, un tema que ha generado gran controversia entre los ciudadanos.
Diversos sectores de la población han expresado su inconformidad, destacando que un aumento afectaría de manera significativa a las familias, especialmente en un contexto económico difícil.
Con pancartas y campañas en redes sociales, organizaciones civiles y usuarios del transporte público han alzado la voz bajo consignas como “¡Exigimos un alto al tarifazo!”.
Estas manifestaciones buscan visibilizar la necesidad de mantener tarifas accesibles y garantizar un transporte digno para todos los habitantes del estado.
La expectativa gira en torno a las decisiones que esta junta tome en los próximos días y el impacto que estas tendrán sobre la economía de los ciudadanos.
El IMA tenía contemplado hacer la votación para este 27 de diciembre para aprobar o no el incremento de la tarifa del transporte público para el 2025, que podría llegar hasta los 17 pesos en pago electrónico y 25 pesos en efectivo como tarifa de castigo.
Sin embargo, fuentes indicaron que dicha reunión no se confirmó para la mencionada fecha, y, en cambio, se efectuará hasta después de año nuevo, para el 3 de enero, lo cual ya fue convocado oficialmente.
La sesión se celebrará a las 11:00 horas, tanto virtual como presencial, en las instalaciones del Instituto de Profesionalización para el Servicio Público del Estado.