Asegura Navarro que no hay motivos para desaforarlo

El Secretario General de Gobierno de Nuevo León reitera que sigue vigente su amparo federal y que la suspensión es definitiva.

Javier Velasco Navarro, Secretario General de Gobierno de Nuevo León
Javier Velasco Navarro, Secretario General de Gobierno de Nuevo León Créditos: Alexis Lozano
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Monterrey.- El secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco, aseguró que no existe ningún motivo para el desafuero de su persona porque ya se publicaron los decretos, a excepción de los que tienen un impedimento legal.

“El tiempo de ocho horas el Congreso llevó a cabo sumariamente el procedimiento, concluyendo supuestamente con la votación para el desafuero de su servidor y, por lo tanto, con el amparo y suspensión que impide que se continúen los procedimientos con carácter penal, pues lógicamente no habría ningún motivo para que el desafuero se diera, ni continuar con las investigaciones”, dijo el funcionario estatal.

Respecto a la suspensión del juicio de amparo que se tiene hasta el momento, el segundo funcionario a nivel estatal afirmó que es definitiva.

“Sí, ese juicio amparo está para la audiencia constitucional, no recuerdo la fecha, pero tiene una suspensión definitiva”, señaló Navarro.

“La parte del congreso ya fue llevada a cabo, pero si se reúnen no habría ningún problema, donde ya no se puede avanzar es en las cuestiones penales por la Fiscalía, ni por el Poder Judicial, está vigente mi amparo federal y la controversia constitucional solamente determina que no es la materia de controversia lo que pusimos nosotros en nuestro reclamo y ese ya está”, explicó Javier Navarro Velasco, Secretario General del Gobierno del estado de Nuevo León.

Cabe recordar que apenas ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó una controversia constitucional promovida por el gobernador Samuel García, para evitar que se procediera legalmente en contra del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, por desafuero.

¿Qué es el fuero?

Se refiere a la imposibilidad de la autoridad competente para detener o someter a funcionarios, durante el ejercicio de sus funciones, a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia. Este privilegio legal es también conocido como fuero constitucional.