Monterrey.- Ante lo cerrado que se anticipa será la contienda por la alcaldía de Monterrey, la más importante a nivel local, y con el antecedente de un conflicto postelectoral en 2018, analistas llaman a que las autoridades electorales pongan especial cuidado en la vigilancia de este proceso el 2 de junio próximo.
Judicializar los procesos afecta la democracia, advierten, pues hace a un lado a la población civil y contamina las votaciones con denuncias de corrupción.
Para la activista Liliana Flores Benavides, en Nuevo León el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será el principal responsable de prevenir delitos el día de las elecciones, pues asegura que estos pueden ser los últimos recursos de quienes teman carecer de votos suficientes para ganar, pues basta con anular un 20 % de las casillas para anular por completo la elección.
“Cuando se anularon aquí (en el 2018) fue por un problema en la cadena de custodia de las boletas. En términos de la propaganda negra, los candidatos ya se dieron hasta con las macetas, ya se pusieron denuncias unos contra otros. La elección se puede anular prioritariamente si hay errores, omisiones o complacencias de parte de la autoridad electoral".
Flores Benavides opinó que a los nuevoleoneses les espera una situación delicada, y dijo que espera que el IEE cumpla con los requerimientos de la ley para proteger los comicios.
“Yo ruego porque no vaya a haber violencia ni incumplimientos del Instituto Estatal Electoral con su mandato, y descuide algo que implique una judicialización del proceso”, expuso.
La posibilidad de impugnar las elecciones de Monterrey se encuentra latente, pues se estima que haya una diferencia menor entre los candidatos punteros.
De acuerdo con diversas fuentes, las cifras en las encuestas previas son mínimas para los candidatos de Movimiento Ciudadano y la Coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, Mariana Rodríguez y Adrián de la Garza, respectivamente
Por ello, de traducirse en una ventaja ínfima en los votos a favor de cada uno podrían llegar a instancias superiores para pelear el triunfo.
“Hay que reconocer que en los últimos años se ha visto un aumento importante en las impugnaciones que se dan entre los partidos y los candidatos. En mi opinión, se está abusando de judicializar toda la campaña”, destacó el politólogo Javier Ponce Flores.
Fue hace casi un sexenio cuando, por segunda vez en un siglo, una administración ciudadana fue elegida para asumir el cargo en la capital nuevoleonesa, después de que se declarara la nulidad de las elecciones municipales, entonces reñidas por Adrián de la Garza y el panista Felipe de Jesús Cantú.
Para el albiazul, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se tomó a partir de incidencias que son comunes en cada elección, como los nombres de los funcionarios en actas y recibos de paquetes, entregados a la entonces Comisión Estatal Electoral, así como el retraso en la apertura de las casillas, pero especialmente, dijo, la postura de las autoridades se debió a la corrupción.
“No tenían mucho que ver, eso pasa prácticamente en todas las casillas, pero lo desviaron para hacerlo valer así, por eso es muy importante que los funcionarios de casilla tengan todo lleno, contado y claro, para que su trabajo no se tire a la basura.
“El que es tramposo va a intentarlo siempre. Es muy frustrante porque hicimos todo lo que nos correspondía, luego en la mesa hicieron sus trampas y terminaron cambiando el resultado de la elección, robaron a los regiomontanos y eso todavía lo recordamos. El árbitro tiene que portarse bien, y el candidato igual, no hacer cosas ilegales, ni hacer guerra sucia, los candidatos tienen que respetar. Acatar la elección, y no arrebatarla”, mencionó.
En los próximos meses podría ser el antiguo contrincante del panista, Adrián de la Garza, quien se encuentre nuevamente en la misma situación, ahora frente a la abanderada emecista.