Diputados reciben veto de Samuel García para los 4 candidatos a Fiscal de Justicia en NL

Durante la sesión de este miércoles, se dio lectura a la notificación de la llegada de este veto.

Pleno del Congreso de Nuevo León.
Pleno del Congreso de Nuevo León.Créditos: Luis Martínez Leija / ABC Noticias.
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Monterrey.- El Congreso de Nuevo León recibió el veto que Samuel García aplicó sobre la lista de los cuatro candidatos a Fiscal General de Justicia.

Durante la celebración de la Diputación Permanente, se notificó la llegada de las observaciones emitidas por el gobernador de Nuevo León sobre los acuerdos 597 y 598, que son relacionados a los aspirantes y la terna de cuatro nombres que el Congreso remitió al Poder Ejecutivo la semana pasada.

“Escrito signado por el Dr. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador del Estado de Nuevo León, mediante el cual remite oficios con pretendido carácter de observaciones al acuerdo 598 donde se aprueba la integración de la lista de los cuatro candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Nuevo León”, indicó la diputada del PAN, Cecilia Robledo.

Los asuntos de las observaciones fueron turnados con carácter de urgente a la Comisión Anticorrupción.

También se recibió un tercer escrito del gobernador con diversas manifestaciones sobre los mismos acuerdos, el cual se anexó al expediente.

Anteriormente, la bancada del PAN recordó que el gobierno estatal tiene el derecho constitucional de vetar a un nombre de la lista de cuatro aspirantes, más no de un acuerdo, pero en todo caso Samuel García perdió la oportunidad de ejercer algún veto.

De esta manera, las observaciones que el gobernador envió sobre el acuerdo correspondiente carecerían de legalidad.

Cabe recordar, que los nombres que quedaron en la terna de cuatro son Alberto Barrera, Genaro García, Guadalupe Saldaña y Pedro Arce.

Dentro del proceso, el siguiente paso es la comparecencia de los aspirantes ante los diputados locales, y posteriormente la votación en el pleno.

El Gobierno del Estado ha denunciado que el proceso tiene presuntas irregularidades que atentan contra los principios más fundamentales del estado de derecho, como el principio de legalidad, autonomía o la paridad de género.