Monterrey. - Magistrados y Jueces Federales de Nuevo León, se unieron al paro nacional de labores, que inició el pasado lunes en 29 estados del país, contra el denominado “Plan C”, que contempla diferentes reformas al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Posterior a una protesta durante la mañana de este miércoles en la Plaza Zaragoza, los manifestantes circularon un documento donde anuncian este 21 de agosto oficialmente la suspensión de actividades de manera indefinida, como un último intento para frenar la reforma, que empezará a ser discutida por la Cámara de Diputados la siguiente semana.
“En consecuencia, por acuerdo de las Juezas y Jueces de Distrito adscritos a los Tribunales Laborales Federales de asuntos individuales en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, se suspenden labores de manera indefinida a partir de esta fecha, por lo que no correrán los plazos y términos durante dicha suspensión”, se lee en el documento.
El escrito está firmado por Juan Luis Morales Castro, coordinador de las Juezas y Jueces de Distrito de Nuevo León, y establece que únicamente se atenderán los casos urgentes que se presenten, así como las guardias previamente establecidas en el calendario emitido por el Consejo de la Judicatura Federal.
“Cabe destacar que únicamente se atenderán los casos urgentes que se presenten, así como las guardias previamente establecidas en el calendario emitido por el Consejo de la Judicatura Federal”, dice el escrito.
El lunes a nivel nacional, en una votación virtual y ante notario público, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación aprobaron el paro nacional indefinido, donde en un universo de mil 403 juzgadores, mil 202 votaron que sí para realizar la suspensión de las actividades jurisdiccionales y 201 por el NO.
La reforma al Poder Judicial es una propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y apoyada por Morena, la cual elimina fondos y fideicomisos que ayudan a financiar prestaciones de trabajadores y juzgadores.
Además de establecer un sistema de elecciones populares para acceder a los cargos más elevados, dejando de lado la carrera judicial que miles de personas han construido a lo largo de su vida.