Monterrey.- Para evitar que haya acuerdos “por debajo de la mesa”, cuando una coalición resulte ganadora en las elecciones estatales, el Congreso local deberá ratificar los cargos de cada uno de los miembros del gabinete, a excepción del secretario de Seguridad Pública, propuso el senador electo Waldo Fernández la mañana de este lunes.
Se trata de una iniciativa de reforma al nonagésimo sexto artículo de la Constitución estatal, con la cual se podría aminorar la pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que, de acuerdo con el morenista, ha padecido Nuevo León desde hace nueve años.
“Es una reforma constitucional, la cual establece que se hagan negociaciones en el Congreso. Que, si un gobernador decide encabezar un gobierno de coalición, mandará una solicitud al Congreso, que tendrá la potestad de ratificar todos los cargos. Esta ratificación se tendrá que dar con 28 diputados presentes; es la única manera de que se puedan hacer acuerdos con transparencia.
“Tenemos nueve años donde ha habido jaloneos. Se han hecho acuerdos por debajo de la mesa, a veces entre integrantes de la clase política que ni siquiera son diputados. Se han negociado espacios políticos en perjuicio de la ciudadanía”, expuso Fernández en rueda de prensa al entregar la propuesta a la Oficialía de Partes del Congreso.
Para el legislador resulta evidente que la ciudadanía pidió consensos entre los poderes y niveles de gobiernos al ejercer un “voto diferenciado” durante la jornada electoral del pasado 2 de junio, de manera que se le eligieron perfiles de distintos partidos.
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“El electorado de Nuevo León es más sabio que la clase política que tenemos. El resultado electoral del último proceso nos dice que se votó diferenciado.
“Necesitamos un andamiaje legal que permita que los gobiernos de coalición existan”, comentó.
El pasado 17 de junio, ABC Noticias publicó que este año en Nuevo León el sufragio fue diferenciado, pues la ciudadanía eligió a Morena para la Presidencia y el Senado; al PRI-PAN-PRD para diputaciones federales; y a Movimiento Ciudadano para alcaldías tradicionalmente priistas, como Juárez y Guadalupe.