Monterrey.- La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA), espera que, con la llegada de los nuevos diputados locales y alcaldes, exista gobernabilidad y voluntad política para formar acuerdos con la administración del gobernador Samuel García.
Juan Pablo García, director general del organismo, señaló que los pleitos políticos entre el gobernador y el congreso local ha impedido que se resuelvan importantes temas como el del presupuesto, por lo que esperan que ahora existan negociaciones y trabajo en equipo.
“Esperamos que haya acuerdos, que haya comunicación, que haya trabajo en equipo, negociación para poder resolver los temas, tenemos que ver lo del presupuesto y las diferentes leyes que se han votado y se han vetado y algunos nombramientos”, indicó.
En cuanto al nombramiento de Pedro Arce Jardón como titular de la Fiscalía General de Justicia, luego de casi dos años sin que el estado tuviera un fiscal tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero el pasado 5 de octubre del 2022, señalo que esperan que cumpla la ley y siga los procedimientos.
En cuanto a la posible impugnación del nombramiento por parte de Movimiento Ciudadano, indicó que están en su derecho de establecer sus inconformidades, pero los conflictos ya no deben afectar a los ciudadanos y quien finalmente este al frente de la fiscalía lo exhortan a tener una buena coordinación con todas las autoridades en materia de seguridad.
“Es un tema que es una discusión legal que se está llevando a cabo por ellos, nosotros lo que queremos es que llegue una persona adecuada, capaz que siga los procedimientos que marca la ley, entiendo que el señor gobernador y Javier Navarro, secretario de Gobierno, han dicho que van a impugnar y es una decisión de ellos, lo que queremos es que haya un fiscal que pueda existir una mejor coordinación con Fuerza Civil y los municipios, para mejorar la seguridad”, expresó.
Este miércoles, La Suprema Corte de Justicia anuló el nombramiento del Fiscal General de Nuevo León a Pedro Arce, designado apenas el pasado lunes por el Congreso del Estado, por lo que se deberá reponer el procedimiento solo en su etapa final al no ajustarse a los lineamientos que el Tribunal fijó en febrero pasado.