Nuevo León.- El municipio de Santiago, que preside el alcalde priista David de la Peña, adjudicó un contrato directo de más de 4 millones de pesos a una empresa cuyo propietario era el actual secretario de Desarrollo Económico y Cultural del Municipio, Jorge Eduardo Herrera Gauna.
Documentos en poder de ABC Noticias confirman que la empresa Industrial Capa S.A. de C.V. recibió el 26 de mayo del 2023 un Contrato por Invitación Restringida para acondicionamiento de oficinas en la presidencia por un monto de $ 4,007,000.00 (cuatro millones siete mil pesos) de recursos propios.
El traspaso de la compañía se realizó el 8 de febrero del 2023 ante el Registro Público de Comercio, de acuerdo con el acta de la asamblea (FME:109052), registrada en el Número Único de Documento 202300035525007J de la Secretaría estatal de Economía.
ABC Noticias posee copia de este documento, en el cual se formalizó que Herrera Gauna, en su calidad de administrador único y propietario, traspasaba sus acciones de la compañía Industrial Capa a Roberto Guajardo Leal.
Respecto a los trabajos, según el contrato número MS-OP-RP-025-23-IR, debieron iniciar el 27 de mayo del 2023 y concluir el 25 de julio del mismo año; es decir, dos meses de labores, y la empresa Industrial Capa S.A. de C.V. recibió el 10% del costo como anticipo, 400 mil 736 pesos.
La empresa tiene su domicilio en Carretera Nacional número 267, Interior 1100, colonia El Encino, en Monterrey, y su representante legal es Roberto Guajardo Leal.
Especialistas consultados señalaron que se puede percibir un conflicto de intereses en la negociación, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“En este tema, al asignar un recurso directamente a una empresa que perteneció meses antes a un funcionario municipal, estaríamos hablando de conflicto de intereses”, señaló la abogada fiscalista Aleyda Hernández.
Al respecto, coincidió el senador electo de Morena, Waldo Fernández, quien agregó que las condiciones del contrato generan suspicacias.
“Pues sí se puede percibir un conflicto de interés, si bien no hay mayor responsabilidad, pero el hecho de que si es una operación (de venta de empresa) y que unos cuatro o cinco meses termine con un contrato adjudicado, pues genera suspicacias”, señaló Fernández.
Por su parte, el dirigente de Movimiento Ciudadano en el estado, Miguel Ángel Sánchez, consideró que es una acción negativa, y estimó que seguramente no habrá sanción para todos los involucrados en esta asignación de contrato.
“Si está mal, mediáticamente sí podría generar impacto, “Pero por el cargo y lo que dicen, no creo que sancionen esa conducta. Además, por el cargo que tiene, no creo que esa persona haya firmado o contratado el servicio”, comentó Sánchez.
Se consultó sobre el tema con la administración del alcalde David de la Peña, sin que hasta anoche se emitiera alguna respuesta oficial.