Monterrey. - Al considerar como un trato discriminatorio el negar la expedición de la carta de no antecedentes penales a ciudadanos de origen mexicano, venezolano y guatemalteco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León, emitió la recomendación 04/2024 al acreditar violaciones a sus derechos humanos.
Olga Susana Méndez Arellano, presidenta del organismo, explicó que se tramitaron diez expedientes con motivo de las quejas que presentaron once personas, quienes señalaron que solicitaron a la Agencia de Administración Penitenciaria la expedición de las constancias y a pesar de que cumplieron con los requisitos establecidos para el trámite de dichos documentos, a la fecha no han recibido respuesta por parte de la autoridad.
Una de las víctimas necesitaba la carta de no antecedentes penales para reunir los requisitos y poder participar como aspirante a ocupar el cargo público como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado; otra para tramitar su visa y poder estudiar en el extranjero mediante un intercambio; dos más, para estar en posibilidad de continuar con su trámite de residencia en los Estados Unidos de América; y, siete personas para poder continuar con su trámite de naturalización mexicana.
“La Comisión pudo acreditar la violación a los derechos humanos del derecho de petición, derecho a la igualdad y no discriminación, los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica, el derecho al trabajo, a la educación y a un proyecto de vida”, indico la directora.
Ante estos hechos, establecieron dar trámite inmediato a las solicitudes actuales o un plazo de 10 días naturales para expedir a las víctimas las constancias relativas a los antecedentes penales.
Asimismo, exhortaron al secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas; al comisario General, César Daniel Ramírez y a la directora de Reinserción Social de la Agencia de Administración Penitenciaria, María del Carmen Estrada, a brindar una disculpa pública.
“Estamos solicitando una disculpa pública a las personas titulares de la secretaría de Seguridad del Estado, de la Agencia de Administración Penitenciaria y de la Dirección de Reinserción Social, esto a las once víctimas en un acto especifico”, puntualizó.
Finalmente, Méndez Arellano, señalo que se debe realizar una investigación de procedimientos de responsabilidad administrativa, así como la elaboración de una guía para tramitar la constancia relativa a los antecedentes penales y cursos de sensibilización, formación y capacitación a las personas del servicio público.