Monterrey.- Luego de que industriales señalaron a ABC Noticias que no se tiene un piso parejo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), diputados en el Congreso local señalaron que esperan legislar para poder ver proyectos de impulso a este segmento de la economía.
Lo anterior al coincidir qué actualmente no los programas que se tiene por el Estado y los municipios no están a la par con las necesidades de los emprendimientos, cuestión que prometieron apoyar tanto en comisiones como en el pleno.
Como se recordará, el presidente del Consejo de Administración y director general de grupo Lamosa, según Federico Toussaint considero que las PyMES deben estar incluidas en las prioridades del gobierno y los subsidios que se otorgan, en lugar de sólo fijarse en las grandes compañías que vienen del extranjero.
La diputada del PAN Claudia Caballero indicó que se debe analizar dar facilidades a los emprendedores, lo que consideró que será un reto importante para abordar desde la labor legislativa, aunque para esto deberán conformarse las distintas comisiones.
Agregó que la aprobación de la Reforma Judicial incluso pudiera conllevar repercusiones en la economía, tanto de las grandes inversiones de las empresas globales, como de todas las MIPyMES que están surgiendo.
Te podría interesar
“Estamos trabajando en temas para ayudar a los micro, pequeños y medianos empresarios porque ellos son el motor en gran parte de la economía aquí en la entidad, en generación de empleos.
“Tenemos que ayudar en lo que esté en nuestras manos como Poder Legislativo y obviamente hacer ese llamado al gobierno del Estado para que nos pongamos las pilas por todos estos golpes que vamos a sufrir en la economía”, destacó la panista.
Por su parte, la presidenta del Congreso local, Lorena De La Garza presentó una iniciativa en la oficialía de partes para combatir la morosidad en los pagos por los servicios que prestan las PyMES.
Ello debido a que este sector representa el 95 por ciento del total de las empresas registradas en el Estado y que genera el 72 por ciento de los empleos.
Esta reforma establecería un plazo máximo de 60 días naturales para que los pagos sean efectuados tras la entrega de mercancías o servicios. En casos excepcionales, se permitiría una prórroga de hasta 30 días, pero cualquier contrato que imponga plazos superiores a los establecidos será considerado abusivo.
"Las MIPYMES son el motor de nuestra economía en Nuevo León, y es fundamental que puedan operar en un entorno que les brinde certeza y estabilidad. La morosidad en los pagos es un problema que pone en riesgo su crecimiento, su viabilidad y, en muchos casos, su permanencia en el mercado", expuso.