Monterrey.- Al señalar que se deben revisar las obras públicas iniciadas el año pasado, y si se encuentran irregularidades se apliquen las sanciones administrativas o penales correspondientes, la diputada local del PRI, Armida Serrato, pidió la intervención de la Auditoría Superior Estatal (ASE) para la pronta revisión de Cuenta Pública 2024 de Nuevo León.
Tras presentar el exhorto en la Oficialía de Partes del Congreso, la legisladora tricolor destacó que la Ley de Administración Financiera indica que no se puede iniciar una obra pública si no existe una proyección financiera de principio a fin.
Lo anterior en reacción a las recientes declaraciones del secretario General de Gobierno, Javier Navarro, al acusar a los legisladores por la cancelación de obras y programas sociales ante la falta del presupuesto 2025, lo que consideró sin fundamento legal.
Serrato reiteró la necesidad de que la ASE revise la cuenta pública 2024, ante el riesgo de que queden inconclusas algunas obras por no contar con el soporte financiero que marca la ley.
“Estoy solicitando que en la cuenta pública 2024 de gobierno del estado, que ya fue presentada el pasado mes de octubre, se haga una revisión de las obras públicas que iniciaron en el 2024, y que ahora dice el Secretario General, Javier Navarro, que podrían no realizarse por falta de presupuesto.
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“También se le pide a la Auditoría Superior del Estado que, de encontrarse irregularidades dentro de esta revisión de la cuenta pública, finque las responsabilidades administrativas o penales, y que no tenga que esperar hasta que concluya el ejercicio fiscal”, aseveró.
Asimismo, consideró primordial verificar si las dependencias estatales cumplen con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios, y con la Ley de Administración Financiera, al momento de iniciar alguna obra de infraestructura.
“Que en esta revisión que se haga, se solicite a gobierno del estado y a todas las dependencias que están deteniendo obras, que le mande toda la información técnica y de proyectos ejecutivos que se supone ellos deben de tener, para efectos de corroborar, si cumplieron con la ley y cómo fueron integrados los proyectos urbanísticos”, exigió.
“Los funcionarios de gobiernos deben de respetar y obligarse acatar la Ley de Obras Públicas y la Ley de Administración Financiera, ya que no se puede iniciar con una obra pública sino se tiene una proyección financiera desde su inicio hasta su conclusión”, añadió.